Costa Rica Recibe Máximo Galardón Ambiental De La ONU Y Anuncia Compromiso Empresarial Climático

Este artículo fue originalmente publicado por LatinClima en septiembre 20, 2019. Se reproduce aquí bajo creative commons.

Costa Rica se hizo acreedora al premio Campeones de la Tierra 2019, el máximo galardón ambiental de las Naciones Unidas, por su papel en la protección de la naturaleza y su compromiso con las políticas ambiciosas para combatir el cambio climático. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente otorga a Costa Rica este reconocimiento en la categoría de Liderazgo Político.

Como líder mundial en sostenibilidad, la ONU considera que la nación centroamericana ha elaborado un plan detallado para descarbonizar su economía antes de 2050, en línea con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Con esta iniciativa, el país espera abrir el camino para que otras naciones frenen las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático y sus devastadores efectos.

El éxito de Costa Rica al colocar las preocupaciones ambientales en el centro de sus estrategias políticas y económicas es evidencia de que la sostenibilidad es alcanzable y económicamente viable, según la ONU.

“Costa Rica ha sido pionera en la protección de la paz y la naturaleza, y es un ejemplo para la región y para el mundo. El cambio climático exige una acción urgente y transformadora de parte de todos nosotros y, con sus ambiciosos planes para descarbonizar la economía, Costa Rica está a la altura de ese desafío”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“Las emisiones globales están alcanzando niveles récord y debemos actuar ahora para avanzar hacia economías más limpias y resilientes. Es emocionante ver a Costa Rica tomar medidas tan decisivas en esta dirección”, añadió.

El Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica se dio a conocer en febrero de este año e incluye objetivos a mediano y largo plazo para reformar el transporte, la energía, la gestión de residuos y el uso de la tierra. El objetivo es lograr cero emisiones netas para 2050, lo que significa que el país no producirá más emisiones de las que puede compensar, a través de acciones como el mantenimiento y la expansión de sus bosques.

Actualmente, más de 98% de la energía de Costa Rica se produce con fuentes renovables, y la cobertura forestal alcanza más de 53% del territorio después de un arduo trabajo para revertir décadas de deforestación.

En 2017, el país funcionó únicamente con energía renovable durante un récord de 300 días continuos. El objetivo es que toda la electricidad provenga de fuentes renovables en 2030. Ese año, 70% de los autobuses y taxis deberán ser eléctricos, y el 100% deberá cumplir con ese requisito en 2050.

El papel innovador de Costa Rica en la promoción de las tecnologías limpias y la sostenibilidad es aún más notable por el hecho de que este país, de alrededor de 5 millones de habitantes, produce solo el 0,4% de las emisiones globales.

“Recibir el premio Campeones de la Tierra en nombre de Costa Rica, de toda su población, de las personas que han estado antes y en nombre de la futura generación, a mí me llena de orgullo y de emoción, por lo que Costa Rica ha logrado y por lo que aún puede hacer. Me siento muy orgulloso de ser costarricense”, dijo el presidente Carlos Alvarado Quesada.

“Hace cerca de 50 años, el país empezó a avanzar en una serie de políticas ambientales innovadoras, porque el paradigma de desarrollo sostenible está en el ADN de los costarricenses. El plan de descarbonización consiste en mantener el crecimiento económico en una curva ascendente y al mismo tiempo generar una curva descendiente en el uso de combustibles fósiles, para dejar de contaminar. ¿Cómo se genera eso? Transporte público limpio, ciudades inteligentes y resilientes, manejo adecuado de residuos sólidos, agricultura sostenible y una mejor logística”, añadió.

El premio reconoce el historial de sostenibilidad de Costa Rica y también destaca la necesidad urgente de encontrar soluciones a la crisis climática. El año pasado, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático indicó que limitar el calentamiento global a 1,5 °C requeriría cambios sin precedentes para reducir las emisiones de carbono en 45% para 2030 (desde los niveles de 2010), y alcanzar la neutralidad de carbono alrededor de 2050.

El premio Campeones de la Tierra es el máximo galardón ambiental de las Naciones Unidas, que lanzado en 2005 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para reconocer a figuras destacadas cuyas acciones han tenido un impacto positivo en el medio ambiente. El premio reconoce a los pioneros que están trabajando para proteger nuestro planeta, desde líderes políticos hasta defensores ambientales o innovadores tecnológicos.

Costa Rica se encuentra entre los cinco Campeones de la Tierra de este año. Las otras categorías son: Visión Emprendedora, Inspiración y Acción, y Ciencia e Innovación.

En América Latina también han sido distinguidos con este premio Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, por su destacado liderazgo en la creación de áreas marinas protegidas y por impulsar las energías renovables (2017); el ecologista mexicano José Sarukhán Kermez, por una vida de liderazgo e innovación en la conservación de la biodiversidad en México y el mundo (2016); y la exministra de Medio Ambiente de Brasil Izabella Teixeira, por su visión y papel clave en la reversión de la deforestación de la Amazonía (2013), entre otros.

Más compromisos

En la Cumbre de Acción Climática en Nueva York, el presidente Alvarado pidió la formación de una Coalición de Naciones de Grandes Ambiciones para impulsar un Acuerdo por la Naturaleza que proteja el 30% del planeta para el 2030, considerando que un tercio de las acciones para enfrentar el cambio climático se encuentran en la protección y restauración del entorno natural.

“Los incendios, las inundaciones y el descongelamiento del hielo son las alarmas que piden a los humanos actuar. Costa Rica ha escuchado este llamado de manera clara y sin ambages y desea que todas las naciones se unan en el lanzamiento de la Coalición en el marco de la PreCOP25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar en San José del 8 al 10 de octubre”, propuso el mandatario costarricense.

El sector empresarial costarricense también está haciendo de su parte y también en el marco de la PreCOP25, la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) invitan a firmar el Compromiso Empresarial para Aumentar la Ambición Climática, documento mediante el cual las empresas firmantes externan estar preparadas para acelerar soluciones que apoyen el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Acuerdo de París.

Durante la Conferencia de Alto Nivel de la preCOP25, que tendrá lugar el martes 8 de octubre por la mañana, se realizará una intervención del sector privado, donde se comunicará la lista de empresas firmantes del compromiso.

Este artículo fue originalmente publicado por LatinClima en septiembre 20, 2019. Se reproduce aquí bajo creative commons.

El Caribe: El Sector Privado Y El Reto De Aumentar La Productividad Y El Crecimiento – Parte II

Este artículo fue escrito por Adriana Valencia, Maria Cecilia Acevedo, Fernando Pavon, y Veronica Prado y originalmente publicado por Banco Interamericano de Desarrollo en 30 augusto 2019. Se reproduce aquí bajo CC-IGO 3.0 BY-NC-ND.

Cuando observamos el Caribe, comprobamos que los trabajadores de esta región requerirán tanto de habilidades blandas como de mayor nivel, sea cognitivas como digitales, para que sus trabajadores puedan embarcarse en la nueva era de la colaboración humano + máquina. En esta nueva era, interactuar con plataformas digitales será la norma. Sin embargo, la región del Caribe está rezagada en tecnologías de información y comunicación (TIC), así como en su desarrollo y difusión. La tecnología de banda ancha es una prioridad y un activo complementario para el capital humano, pero su adopción debe mejorarse.

La automatización y la inteligencia artificial afectarán cada aspecto de los negocios actuales y futuros y a las personas que trabajan en estas industrias. Por lo tanto, las fuerzas laborales de hoy y del futuro necesitan dominar las nuevas tecnologías y las emergentes, así como también poder interactuar con el aprendizaje automático y la inteligencia artificial (colaboración de humano + máquina). Por ejemplo, la capacidad de operar e integrar vehículos aéreos no tripulados (drones) para proporcionar una nueva gama de servicios (VER VIDEO: The Impact of Drones – El Impacto de los Drones). También hay oportunidades importantes de las tecnologías emergentes que se pueden perder si las organizaciones no se adaptan para aprovechar su potencial.

En América Latina, países como Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá, ocupan los puestos 38, 43, 44 y 55, respectivamente, de un total de 139 a nivel mundial, en el NRI (Networked Readiness Index – Índice de Disposición a la Conectividad) del Foro Económico Mundial, mientras que los países del Caribe se quedan significativamente atrás: Trinidad y Tobago, Jamaica y Guyana ocupan los puestos 67, 83 y 100.

Una nueva fuerza laboral caribeña

A medida que las industrias evolucionen y se apropien de diferentes tecnologías para tener éxito en el mercado, también cambiará el conjunto de habilidades que requieran. Han surgido métodos de educación alternativos e innovadores como cursos en línea, nanogrados y programas de capacitación en habilidades digitales privadas o sin fines de lucro (por ejemplo, campos de entrenamiento –bootcamps– para codificadores) para abordar la grave escasez de talento en el área de habilidades digitales.

Los sectores público y privado pueden asociarse para construir la fuerza laboral de la Cuarta Revolución Industrial del Caribe.

Hay muchos ejemplos de iniciativas de este tipo implementadas con éxito, incluso en el Caribe con el apoyo del Grupo BID. Una forma innovadora de atraer la experiencia del sector privado en la priorización de habilidades es a través de fondos competitivos, utilizados en Barbados, Trinidad y Tobago, y actualmente desplegados en Jamaica. En Barbados, el Programa Habilidades para el Futuro (Skills for the Future) otorgó subvenciones de manera competitiva a asociaciones entre el sector privado e instituciones de capacitación.

Otro ejemplo de asociaciones del sector público y privado es el Programa BRIDGE en Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago, que se centró en proporcionar oportunidades de capacitación en energía sostenible y TIC para maestros, estudiantes y profesionales. Al observar cómo estas alianzas generan innovación en el desarrollo de la cartera de talentos digitales para mejorar y volver a capacitar, una interesante iniciativa de TIC de la Autoridad de Innovación de Israel ha motivado al sector privado a proporcionar campamentos de codificación mediante contratos de rendimiento, y se espera que el programa gradúe a 2000 desarrolladores en cinco años.

En el Caribe, el sector privado dirige el Global Services Skills Board (GSSB) (VER VIDEO: Global Services Skills Board), destinado a identificar las habilidades requeridas en sectores que pasan por una rápida evolución debido a la tecnología. El GSSB está empoderando a los trabajadores para que capitalicen las nuevas oportunidades que ofrece la industria y mejoren sus capacidades.

Mejorar las habilidades de las mujeres

Tomando en conjunto la evidencia sobre el impacto de la igualdad de género en una mayor productividad, así como la necesidad de mejorar las habilidades empresariales en América Latina y el Caribe, BID Invest colabora con intermediarios financieros en la región para aprovechar el potencial de la igualdad a través del empoderamiento económico de las mujeres empresarias con soluciones financieras, asesoramiento técnico y capacitación. Banca de emprendimiento de mujeres o “weB” es un servicio innovador para mujeres emprendedoras, a través del cual BID Invest y BID Lab trabajaron con 20 bancos (uno de ellos en Jamaica), y aprobaron US$800 millones en préstamos y US$5 millones en asistencia técnica.

Estas asociaciones con la industria (VER VIDEO: Partnering with Industry – Asociándonos con la Industria)son esenciales para proporcionar aprendizaje práctico y para guiar la capacitación de los empleados en las habilidades necesarias (VER VIDEO: Engaging Young People and Private Sector Participation). La industria necesita pasar de ser consumidora de habilidades a ser productora de habilidades y el sector privado ahora dirige las habilidades que desean ver en sus empleados.

Los beneficios de la participación del sector público y privado en mejorar las habilidades para abrazar la Cuarta Revolución Industrial son infinitos. El sector privado desempeña un papel en el establecimiento de estándares, en la capacitación, en la expansión del acceso financiero a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y en el apoyo a los empresarios que pueden transformar las ideas en éxitos comerciales y crecimiento económico.

Este artículo fue escrito por Adriana Valencia, Maria Cecilia Acevedo, Fernando Pavon, y Veronica Prado y originalmente publicado por Banco Interamericano de Desarrollo en 30 augusto 2019. Se reproduce aquí bajoCC-IGO 3.0 BY-NC-ND.

Jamaica Busca Ser Líder En Acción Climática En El Caribe

Este artículo fue escrito por Adriana Grooscors y originalmente publicado por LatinClima en julio 24, 2019. Se reproduce aquí bajo creative commons.

Para el turismo, el cambio climático ya no representa un evento futuro debido a que está alterando las decisiones de los turistas de hoy. El mundo vio el impacto inmediato del cambio climático más recientemente en 2017, cuando los huracanes Irma y María causaron severas destrucciones en varias islas del Caribe.

Debido a que el turismo es uno de los principales motores económicos de esta región y la mayoría de las actividades turísticas se centran en experimentar su belleza natural, la devastación instó a Jamaica a tomar medidas para fortalecer la resiliencia en la región, comenzando con el Centro Mundial de Gestión de Crisis y Resiliencia Turística y un sector agrícola que fuera resiliente climáticamente.

“El crecimiento económico del turismo y las mejoras en la calidad de vida en los destinos del Caribe dependerán de nuestro fuerte compromiso de tomar medidas en temas globales como el calentamiento global y el cambio climático como consecuencia”, señaló Donovan White, director de Turismo de Jamaica.

Según White, el país tiene el propósito de convertirse en líder de los esfuerzos frente al cambio climático en el Caribe y con ello asegurar el flujo turístico hacia la isla.

Antes de los huracanes de 2017, Jamaica ya había realizado esfuerzos en torno a la independencia energética y una mejor preparación para enfrentar el impacto de tormentas destructivas. En 2004, el país abrió Wigton, el parque eólico más grande del Caribe de habla inglesa. Esta granja provee de energía a más de 55.000 hogares con un sistema híbrido de almacenamiento de energía, que utiliza un volante y una batería.

La proyección del país es utilizar parques eólicos marinos para generar el 50% de toda la energía con fuentes renovables, que también beneficiarán a la industria del turismo.

Otro sector en la mira es el agrícola. Los cultivos sanos requieren un terreno de calidad, el cual puede verse severamente afectado por sequías, inundaciones y tormentas. Existe un gran potencial para restaurar tierras degradadas mediante prácticas como la agricultura orgánica, el pastoreo administrado y la agrosilvicultura. El Den de Durga, una granja ecológica ubicada en el país, trabaja en asociación con la industria hotelera empleando técnicas de agricultura regenerativa, reforestación y capacitación en estas prácticas.

Para promover aún más una economía climáticamente inteligente, el Centro Mundial de Resiliencia Turística y Gestión de Crisis, un recurso único en su tipo en el Caribe, fue desarrollado en la Universidad de las Indias Occidentales. Anunciado por primera vez durante la Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) en Jamaica en noviembre de 2017, el Centro se inauguró en enero de 2019 con la misión de llevar a cabo investigaciones y análisis relevantes para las políticas sobre preparación y atención de crisis en los destinos.

Además, el Caribbean Climate Smart Accelerator – o Acelerador Climáticamente Inteligente del Caribe (CCSA, por sus siglas en inglés), lanzado en Jamaica en agosto de 2018, pretende convertir al Caribe en la primera zona climáticamente inteligente del mundo con la implementación de soluciones de resiliencia, energía renovable, desarrollo de ciudades sostenibles, océanos y transporte. Una vez que se establezca la zona climáticamente inteligente, el Caribe no solo busca enfrentar de una mejor manera el cambio climático, sino también generar crecimiento económico e inclusión social.

Jamaica, particularmente, es el destino de algunos de los mejores alojamientos, atracciones y proveedores de servicios turísticos del mundo, ganando numerosos premios a lo largo de los años. Para este año, TripAdvisor colocó a la isla en el puesto #1 entre los mejores destinos del Caribe y el #14 entre los mejores destinos del mundo.

Este artículo fue escrito por Adriana Grooscors y originalmente publicado por LatinClima en julio 24, 2019. Se reproduce aquí bajo creative commons.

Ofensiva Contra Minería Ilegal No Acabará Con Fiebre Del Oro En Ecuador

Este artículo fue escrito por James Bargent y Mayra Alejandra Bonilla y originalmente publicado por Insight Crime en julio 16, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Miles de efectivos de la policía y el ejército han sido desplegados en todo el distrito de Buenos Aires, al norte de Ecuador, en un intento por controlar el auge de la minería ilegal, que ha causado estragos en la región, pero podría ser muy tarde para detener la fiebre criminal del oro.

El 2 de julio, se enviaron a Buenos Aires destacamentos de 2.400 soldados y policías, con la misión de expulsar a los mineros de oro, que, según algunos estimativos, llegaban a 10.000.

Más de 2.700 mineros abandonaron voluntariamente el lugar, mientras que 2.500 más fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, informó El Universo. Entre ellos se encontraban 1.395 venezolanos y 906 colombianos, así como varios dominicanos, argentinos y haitianos, dijo el Telégrafo.

En los primeros días del operativo, la policía también hizo 26 capturas y decomisó más de 700 gramos de oro, 1.400 sacos de mena y dos armas de fuego, según reportó El Universo.

Finalmente las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas drásticas, luego de que un encarnizado tiroteo entre pandillas armadas dejara al menos cuatro heridos y dos muertos a finales de junio, según agentes de la policía. Poco después de la confrontación, el presidente Lenín Moreno declaró estado de emergencia y lanzó el operativo.

La tensión ha ido creciendo en la región desde el arribo de delincuentes colombianos fuertemente armados, a comienzos de 2019. Aunque no se ha confirmado la identidad de los colombianos, un minero local, que no quiso identificarse por temor a las represalias, aseguró que tenían nexos con estructuras del crimen organizado de la ciudad colombiana de Cali.

Los agentes de policía, entretanto, mostraron a InSight Crime mensajes de texto de un sospechoso que hablaba de cómo iban a “entrar con los paracos”, apelativo popular usado en Colombia para referirse a los paramilitares y término de uso común para los grupos criminales que tomaron el lugar de los contrainsurgentes desmovilizados en Colombia. La historia de la conversación incluye fotografías de un pequeño arsenal compuesto de armamento de tipo militar.

Fuentes en la zona informaron que los colombianos expulsaron a las pandillas ecuatorianas que anteriormente controlaban las redes extorsivas.

“Los colombianos llegaron con fusiles, entonces [los ecuatorianos] se fueron”, relató el minero.

Según este, los colombianos convocaron a reuniones en las que presentaron las nuevas reglas de trabajo y residencia en la zona, lo que incluía cuotas diarias para cada persona que entrara a la zona minera, pagos para abrir una mina, pagos para llevar una planta de procesamiento y un 10 por ciento de tasa sobre todas las operaciones mineras.

Con la instalación en Buenos Aires de miembros de al menos dos grupos distintos , el minero, relató en mayo de 2019, predijo que habría violencia.

“Serán amigos hasta que tengan la zona bajo control, pero cuando uno empiece a ganar más que el otro, se van a matar entre ellos”, señaló.

El operativo deja a Buenos Aires sumido en la incertidumbre. El estado de emergencia se extenderá por 60 días, y el gobierno aún no anuncia qué planes tiene para mantener el control de la zona en el largo plazo. Y aunque los operativos policiales continúan, hasta ahora no hay señales de que las autoridades hayan arrestado a los cabecillas de las bandas.

La incertidumbre se extiende a zonas vecinas. Líderes comunitarios en la región aledaña de Intag, que han librado una larga lucha contra los planes de implementación de proyectos de minería a gran escala en la región, denuncian que ahora temen también a los mineros ilegales.

Ya se han establecido operaciones de minería ilegal en las poblaciones de Selva Alegre y Cuellaje, en el Intag. Los líderes comunitarios que se opusieron a su llegada recibieron amenazas de muerte, entre ellos un líder de un consejo local, a quien le enviaron un video por WhatsApp, que pretendía mostrar asesinatos cometidos en Buenos Aires a manera de advertencia.

Los líderes alertan que los operativos en Buenos Aires pueden llevar a los mineros desplazados a establecerse en Intag.

“Desde el desalojo de los mineros de Buenos Aires, están llegando nuevamente a Intag, y la situación se está poniendo más peligrosa”, comentó José Cueva, líder de la corporación ambiental colectiva de Intag Toisan,

Análisis de InSight Crime

El despliegue masivo de fuerzas de seguridad en el norte de Ecuador puede augurar el fin de la bonanza minera en Buenos Aires, pero es poco probable que marque el fin de la minería ilegal en la región.

Las increíbles riquezas que se ofrecen pueden llevar a los mineros a regresar cuando se reduzcan los actuales números insostenibles de efectivos de seguridad, aun cuando los mineros deban operar de manera más clandestina que antes.

La probabilidad de que los mineros regresen también se incrementa con la corrupción rampante que facilitó la llegada de la minería ilegal a la región en un inicio. Múltiples fuentes denunciaron a InSight Crime que autoridades locales civiles y de policía en los más altos niveles recibían cuantiosas ganancias por las minas de Buenos Aires.

Como lo muestra la situación en Intag, la minería ilegal también está abocada a propagarse a otros lugares, y no solo a las zonas aledañas. La investigación de campo de InSight Crime reveló un rápido incremento de las operaciones de minería ilegal por toda la región limítrofe del norte de Ecuador, mientras que los funcionarios de gobierno expresaron su preocupación de que haya aún zonas inexploradas que resulten ser tan ricas en oro como Buenos Aires.

Esta nueva bonanza de la minería ilegal en Ecuador coincide con una campaña oficial de promoción de la minería a gran escala. Este panorama permite prever una expansión uniforme de la minería legal e ilegal.

El trabajo exploratorio de las firmas mineras permite que los mineros ilegales identifiquen excavaciones potenciales, y en el caso de Intag, los líderes sospechan que los habitantes que trabajan para la firma minera pasan información a los mineros ilegales.

“En Intag hemos visto que gente conectada con la empresa luego resulta ayudando también a los ilegales”, observó Cueva.

Las comunidades que ya tienen problemas para mantener sus territorios libres de minería de cualquier tipo también temen que la presencia de explotaciones ilegales se use para justificar la expansión de la minería a gran escala, algo que el gobierno puede presentar como una alternativa mucho más preferible.

Esos temores se atizaron con unos comentarios recientes de Carlos Pérez García, ministro de energía y recursos naturales no renovables.

“En el país va a haber minería sí o sí”, declaró a los medios en abril. “Nuestra decisión es que haya minería responsable y no minería ilegal, que es la que efectivamente hace daño al país”.

Pero el gobierno nacional podría descubrir que esa decisión terminará saliéndosele de las manos.

Este artículo fue escrito por James Bargent y Mayra Alejandra Bonilla y originalmente publicado por Insight Crime en julio 16, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

¿Las criptomonedas han ayudado a Venezuela a evadir las sanciones de EE. UU.?

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 31, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del uso continuado de criptomonedas en el país para evadir las sanciones de Estados Unidos.

Desde febrero de 2018, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (el más importante del país), ubicado a 30 kilómetros de Caracas, exige a las aerolíneas que paguen los servicios de operación mediante una aplicación llamada Jetman Pay, según ABC International. Esta aplicación convierte las tarifas aeroportuarias en Bitcoin, lo cual permite hacer transferencias a casas de cambio internacionales en Hong Kong, Rusia, China y Hungría. Allí se convierten en dólares y se depositan en cuentas a nombre del gobierno venezolano.

De esta forma, el régimen venezolano intenta acumular reservas en moneda extranjera desafiando las sanciones estadounidenses.

Adicionalmente, Jetman Pay es propiedad de BCDA Aeronautical Solutions, firma registrada en Florida, la cual cobra dos por ciento de las tasas cobradas de esta forma en el aeropuerto, según los contratos de servicios a los que accedió ABC, lo que significa que una firma estadounidense estaría ayudando a Venezuela a evadir las sanciones.

Este no es el único caso en el que Venezuela recurre a las criptomonedas, divisas digitales reguladas mediante técnicas de encriptado, independientemente de un banco central. A comienzos de 2018, el presidente Nicolás Maduro lanzó una moneda digital respaldada con petróleo, que denominó petro. En esa época, el diputado venezolano Andrés Eloy Méndez exaltó la divisa como un instrumento clave para evadir el “bloqueo comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos.

El Tesoro de Estados Unidos respondió prohibiendo a ciudadanos estadounidenses que compraran el petro, y describió la divisa como “otro intento de apoyar el régimen de Maduro, mientras se siguen saqueando los recursos del pueblo venezolano”.

Análisis de InSight Crime

Aunque la administración de Maduro sigue considerando las criptomonedas como un mecanismo útil para burlar las sanciones estadounidenses, el uso continuado de Bitcoin en el cobro de tasas aeroportuarias en Venezuela indica que las criptomonedas internacionales, como bitcoin, están resultando más útiles que el petro.

“Cada moneda depende de la confianza […] Venezuela y sus representantes de gobierno no son dignos de confianza, de modo que cualquier cosa que creen puede ser manipulada más adelante”, declaró a BBC Mundo Rodrigo Andragnes, director ejecutivo de la organización no gubernamental Bitcoin Argentina.

Señala que el petro ya ha sido manipulado. En sus inicios su único respaldo era el petróleo, pero ahora está ligado de manera más vaga a todos los recursos del subsuelo venezolano.

Otro resultado del experimento del petro es que puede haber permitido que Venezuela desarrollara el conocimiento y las instituciones necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrecen otras criptomonedas. Aunque usa bitcoins, la estructura de las tasas aeroportuarias está coordinada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), organismo creado para administrar la distribución del Petro.

En público, Maduro sigue proclamando su confianza en el Petro. En julio de 2019, ordenó al Banco Central de Venezuela que aceptara transacciones en la criptomoneda, y anunció planes para distribuir un millón de “Petro carteras” entre los venezolanos.

Pero estos usos domésticos no tienen nada que ver con la misión original del petro como divisa internacional libre de los controles estadounidenses. El petro no se negocia en casas de cambio internacionales de criptomonedas, una señal clara de su falta de tracción global. Por ahora parece sobrevivir solo porque los venezolanos están obligados a pagar sus impuestos sobre la tasa del petro.

Incluso Rusia, el aliado más importante de Venezuela, parece haber perdido la fe en la moneda. Luego de intentos iniciales de usar el petro para el comercio entre ambos países, ahora están volviendo al rublo. En marzo de 2019, el Tesoro de Estados Unidos sancionó al banco ruso Evrofinance Mosnarbank por haber ayudado a financiar el petro, la única vez que se ha asociado una firma extranjera a la nueva criptomoneda.

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 31, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Una comisión estilo CICIG, ¿resolvería la plaga de corrupción en Argentina?

El contrapunteo en el que están sumidos fiscales federales y jueces que llevan casos de corrupción de alto perfil en Argentina ha llevado a proponer que un organismo anticorrupción internacional como la CICIG ayudaría a afrontar este problema enquistado en el país. Pero aún no hay consenso al respecto.

El juez federal argentino Alejo Ramos Padilla investiga al fiscal federal Carlos Stornelli, quien lleva un caso de corrupción de alto perfil que involucra a exfuncionarios de gobierno, entre los que se cuentan la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Stornelli está acusado de pedir una coima a un empresario a cambio de retirar su nombre de una investigación por corrupción conocida como “los cuadernos“. Stornelli rechazó la acusación y la desestimó calificándola como un intento de frenar la investigación contra Fernández de Kirchner.

Padilla también investiga una presunta red de espionaje ilegal en la que estarían implicados políticos, empresarios y periodistas, quienes presuntamente realizaron “operaciones de inteligencia” para obligar a algunas personas a confesar delitos relacionados con corrupción o a implicar a otros. En una presentación ante el Congreso, el juez afirmó que las “confesiones” fueron usadas posteriormente por jueces y fiscales para adelantar causas criminales.

El presidente Mauricio Macri dijo que la investigación de Padilla tiene motivaciones políticas y pidió su destitución. Esto, a su vez, generó quejas de intentos de interferencia política en la rama judicial.

La judicatura en Argentina viene enfrentando crecientes críticas en los últimos años, especialmente en lo que respecta a casos de corrupción.

El jefe de la Corte Suprema del país, Carlos Rosenkrantz, afirmó que la rama judicial padece una “crisis de legitimidad”.

Un informe del Consejo de la Magistratura de la Nación, en Argentina, organismo judicial encargado de la designación y remoción de jueces, halló que el 92 por ciento de los casos de corrupción que implicaban a altos funcionarios en las últimas dos décadas nunca llegó a los tribunales, según información deLa Nación.

Análisis de InSight Crime

El escandalosamente bajo índice de condenas por corrupción de alto nivel en Argentina demuestra que la rama judicial del país tiene un largo camino por delante para llevar a buen término su propuesta.

Algunos proponen que Argentina mire hacia otros países de la región y considere la creación de un órgano de investigación independiente similar a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como opción para ayudar a enfrentar la crisis judicial.

Pese a una larga historia de escándalos de corrupción de alto nivel que involucra a algunos de los miembros más poderosos de la élite, solo un presidente ha sido declarado culpable de este tipo de delitos en la historia reciente de Argentina.

En 2013, el presidente Carlos Menem, quien estuvo en el poder entre 1989 y 1999, fue sentenciado a una pena de prisión por tráfico de armas a Croacia y Ecuador. El expresidente, ahora senador, nunca puso un pie en prisión, porque aún está cobijado con inmunidad parlamentaria.

La expresidenta, y ahora senadora, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta actualmente acusaciones relacionadas con corrupción en 13 causas distintas.

A finales de 2018, el último vicepresidente de Fernández, Armando Boudou, fue sentenciado a cinco años de prisión por acusaciones de corrupción. Fue declarado culpable de tráfico de influencias luego de que se conociera que fue socio silencioso en una firma impresora que recibió contratos del Ministerio de Economía.

Al posesionarse en 2015, el presidente Mauricio Macri tenía una investigación abierta en una causa de escuchas ilegales. Pocos días después de su elección, los tribunales sobreseyeron la causa. En la actualidad hay investigaciones en curso sobre funcionarios de alto nivel de su administración por financiamiento electoral irregular.

Los expertos sostienen que la corrupción dentro de la rama judicial en Argentina impide que el país combata la corrupción dentro de su élite nacional.

“La judicatura en Argentina es un lodazal. La mayoría de quienes están a cargo de las investigaciones por corrupción son cuestionados: jueces, fiscales, órganos de control, expertos”, comentó Pablo Slonimsqui, abogado y autor de un libro sobre corrupción judicial en entrevista con InSight Crime.

Slonimsqui señala que la forma de designación de los jueces says that the way in which judges are selected —son nombrados por el presidente con aprobación del senado— tiene un impacto negativo en su independencia. También apunta que el hecho de que Argentina solo tenga un número muy reducido de jueces federales, quienes asumen la investigación de casos de corrupción y un pequeño número de fiscales federales facilita la corrupción, pues los recursos son extremadamente limitados.

“Los jueces federales detentan un gran poder, porque monopolizan las investigaciones de figuras políticas y deciden a qué investigaciones se da trámite y a cuáles no. El problem es que responden a intereses políticos y económicos”, explicó Slonimsqui.

Pero la administración Macri ha dado algunos pasos positivos dirigidos a contrarrestar la corrupción, una de las mayores plataformas de campaña de la coalición política Cambiemos, de Macri.

Esos pasos incluyen una nueva ley de negociación de penas, que permite a las autoridades ofrecer reducciones de penas o indultos a sospechosos que les entreguen nombres u otra información que ayude a dilucidar casos de corrupción o narcotráfico.

En abril, la oficina anticorrupción de Argentina lanzó un nuevo programa para “prevenir, detectar, sancionar y erradicar” la corrupción en el desempeño de los funcionarios públicos.

Un nuevo Codigo Penal, que se debate actualmente en el Congreso, también hace especial énfasis en la lucha contra la corrupción.

Pero con todo y lo encomiables que puedan ser, estos esfuerzos oficiales se ven empañados por acusaciones de sesgo político entre los encargados de erradicar la corrupción.

Entonces, ¿cuál es la salida para Argentina?

Erradicar la corrupción no solo es importante para proteger las instituciones. También es clave para enfrentar las organizaciones criminales, pues con frecuencia estas dependen de funcionarios corruptos para sus actividades.

Pero con una rama judicial tan cuestionada que al parecer es incapaz de operar de manera independiente y efectiva, algunos ha propuesto que Argentina podría necesitar ayuda de un organismo internacional.

En una columna de opinión publicada por el New York Times, el abogado y experto en justicia Juan Pappier y la periodista Jordana Timerman sostenían que Argentina podía seguir los ejemplos de algunos otros países de Latinoamérica, que han buscado asesoría externa.

“Tener observadores internacionales experimentados e independientes que den su opinión sobre casos claves ofrecería algo de transparencia a los procesos y generaría confianza en la población para pedir a las autoridades una rendición de cuentas adecuada. Una presencia internacional también podría disuadir a los funcionarios de cometer actos de corrupción”, dice la columna.

En Guatemala, la CICIG, organismo independiente avalado por la ONU que actuó como ente fiscal adjunto en apoyo de la Fiscalía General en casos complejos que comprendían casos de corrupción en el gobierno y crimen organizado, ayudaron a develar la corrupción enquistada en el país, que puso fin a la presidencia de Otto Pérez Molina en 2015.

La CICIG también ha ayudado a los fiscales públicos del país a investigar al actual presidente Jimmy Morales por presunto financiamiento electoral ilícito, lo que llevó a Morales a declarar el fin del mandato del organismo en el país.

Otros gobiernos de la región, entre ellos HondurasEcuador y México también ha  experimentado con comisiones internacionales y el recién presidente electo de El Salvador afirmó que está dispuesto a respaldar un ente de esa naturaleza.

Pero no todos coinciden en que esto funcionaría en Argentina.

“Conociendo la manera como piensa la gente en Argentina, creo que sería muy difícil para que nuestra judicatura aceptara algo así. Una colaboración muy específica sería una cosa, pero algo general… dudo que funcionara, sería muy complejo”, reflexionó Slonimsqui.

Mientras se alcanza un consenso sobre si una comisión internacional es la respuesta a los males de corrupción en Argentina, mantener el statu quo conlleva el riesgo de que la situación empeore.

Este artículo fue escrito por Josefina Salomón y originalmente publicado por Insight Crimeen junio 28, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Del Apagón En Venezuela Al Apagón En Suramérica.

El pasado 7 de marzo de 2019, Venezuela sufrió uno de los apagones eléctricos más extensos y dramáticos de la historia, acentuando la crisis política, social y económica que ya vive el país.

Imágenes satelitales. Antes y después del apagón de Venezuela del pasado 7 de marzo de 2019. / NASA / Public Domain

Aunque Nicolás Maduro ha señalado que la interrupción del servicio fue producto de una hackeo cibernético realizado desde Estados Unidos, voceros de la oposición venezolana y especialistas del tema, han indicado que la falta de mantenimiento e inversión, son las principales causas del problema eléctrico que hoy vive el país.

A pesar de ello, el gobierno bolivariano ha decidido iniciar un plan de racionamiento eléctrico nacional que incluye a Caracas, sometiendo a la población a cortes promedios de 8 a 12 horas semanales, siendo el Zulia uno de los estados más afectados donde se han reportado interrupciones del servicio eléctrico de hasta 120 horas por semana.

Esta situación que se ha traducido en pérdidas millonarias para el aparato productivo nacional, también está perturbando el día a día de la población, que con los cortes programados tiene más problemas para acceder a servicios básicos como agua, comida, transporte y comunicación, empeorándose con creces la vida del venezolano.

Sin embargo, el racionamiento eléctrico es solo la punta del Iceberg de esta tragedia social, pues la economía venezolana que tiene más de 5 años en recesión, pudiera llegar según datos del FMI a más de 10.000.000% de inflación a final de año, lo que sin duda profundizaría gravemente la crisis social del país petrolero.

Si bien, el pasado 30 de abril Juan Guaidó, presidente de la asamblea nacional y líder actual de la oposición venezolana dirigió lo que sería el capítulo final de la Operación Libertad para cumplir con el objetivo del cese a la usurpación, el resultado fue fallido, quedando del intento de golpe al menos 5 personas fallecidas, más de 50 heridos y un centenar de detenidos, entre ellos el diputado Edgar Zambrano.

Aunque el líder derechista tiene el respaldo de la mayoría de los países de la comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza, en las últimas semanas los gobiernos de China, Rusia, Cuba e Irán, han dado apoyo político, económico y militar a Nicolás Maduro, complicándose la resolución de la crisis política venezolana.

Este escenario que, según algunos analistas, pudiera estar reavivando una nueva guerra fría, involucraría directamente a países del sur, quienes tendrían que prepararse para recibir un mayor número de inmigrantes venezolanos, pero al mismo tiempo, a disponer de sus ejércitos y presupuestos en caso de una posible conflagración bélica que coloque en riesgo su soberanía nacional.

Pese a que Washington y Moscú han dicho que abogan por una resolución pacífica del conflicto venezolano, lo cierto es que ninguno de los países descarta la asistencia militar, pues ya ha quedado claro que ambas potencias tienen marcados intereses políticos y económicos en Suramérica para seguir con la hegemonía mundial.

Ante esta disputa silenciosa que tienen los representantes del mundo por controlar el poder, los apagones eléctricos en Venezuela siguen desplazando poco a poco a sus habitantes, quienes ahora tienen problemas con el abastecimiento de gasolina, agua, gas doméstico e incluso el servicio de telefonía e internet.

En Venezuela pareciera estar gestándose una hecatombe social, que
seguramente tendría un gran impacto negativo para algunos países de Suramérica. Mientras esto sucede, quienes tienen la potestad de acordar resoluciones que garanticen la vida de los venezolanos, parecieran no tomar las decisiones acertadas.

¿Acaso se está comprometiendo las generaciones futuras por intereses personalistas? ¿Son los apagones en Venezuela una advertencia a un eventual apagón económico y social para Suramérica en los próximos años? ¿Qué se está esperando para resolver el conflicto social venezolano? ¿Cuánto más esperar?

Este es un artículo invitado escrito por Rafael Duarte. Él es Critico de Cine en Venezuela, Licenciado en Educación Mención Filosofía (UCAB) y Magistrer en Estudios Sociales y Culturales (ULA), además escritor de la Revista SIC. Si está interesado en escribir un artículo para El Hemisferio, envíe un correo electrónico a elhemisferioblog@gmail.com.