Los nexos criminales de los nuevos jefes militares de Maduro en Venezuela

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 17, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

El presidente Nicolás Maduro ha anunciado cambios en la cúpula militar de Venezuela, mediante una serie de nombramientos que parecen recompensar la lealtad al régimen y promueven figuras que han sido señaladas de complicidad criminal y participación en la represión estatal.

Los anuncios se hicieron el 7 de julio en una ceremonia militar en Caracas. Maduro reeligió a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, lo que demuestra que sigue considerando que Padrino López es vital para mantener sus relaciones con los militares, a pesar de los rumores de los vínculos de este último con la fallida sublevación de la oposición del pasado 30 de abril de 2019.

A continuación, InSight Crime analiza los antecedentes y posibles vínculos criminales de los nuevos jefes militares de Venezuela:

Alexis Rodríguez Cabello, comandante del Ejército

Rodríguez Cabello ha sido un viejo aliado de la Revolución Bolivariana, y participó en el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992. Continuó siendo una figura clave en los altos mandos del Ejército durante la administración de Nicolás Maduro, ejerciendo como director de la principal dependencia militar de la capital entre 2017 y 2019.

Según Rocío San Miguel, experta en asuntos castrenses venezolanos y directora de la ONG Control Ciudadano, el nombramiento de Rodríguez Cabello como comandante del Ejército es “una clara concesión al poder ejercido por Diosdado Cabello Rondón”, presidente de la polémica Asamblea Nacional Constituyente, organismo creado en 2017, y jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ambos se graduaron al mismo tiempo de la escuela militar y se cree que son primos.

Diosdado Cabello es una figura central en el gobierno venezolano, considerado como el segundo al mando de Maduro. Se encuentra sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actividades como tráfico de drogas, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Las investigaciones en torno a su actividad criminal indican que utiliza su influencia en los nombramientos militares para salvaguardar las operaciones de sus redes de poder y actividades criminales, que operan al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

Rodríguez Cabello sucede a Jesús Suárez Chourio, cuya salida se puede deber a los rumores de su participación en el fallido levantamiento de la oposición el 30 de abril. Como jefe militar del Distrito Capital en ese momento, Rodríguez Cabello fue uno de los primeros comandantes militares en condenar el levantamiento y afirmar su lealtad inquebrantable a Maduro.

Manuel Bernal Martínez, comandante de la milicia

Bernal Martínez es otro “chavista original” que participó en el intento de golpe de Estado de 1992, lo que confirma que el gobierno de Maduro está premiando las viejas lealtades. En 2014, Bernal fue director del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela.

Como director del SEBIN, Bernal Martínez estuvo detrás de la sangrienta respuesta a la marcha liderada por el abanderado de la oposición, Leopoldo López, el 12 de febrero de 2014. Las fuerzas especiales del SEBIN, junto con miembros de las tropas de choque paramilitares conocidas como “colectivos”, abrieron fuego contra los manifestantes, lo que dejó como resultado dos personas muertas.

Más tarde, el jefe del contingente del SEBIN y otros funcionarios del servicio testificaron que estaban allí siguiendo órdenes de Bernal Martínez, aunque este ha negado que hubiera dado la autorización. Como consecuencia de dichos asesinatos, Bernal Martínez recibió sanciones de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. Fue destituido de su cargo en el SEBIN, pero continuó siendo nombrado en altos cargos militares.

En 2018 fue nombrado comandante de la principal dependencia militar de la región de los Andes. Ese mismo año fue incluido en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno de Panamá por representar “un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Fabio Zavarce, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana

Antes de su nombramiento como comandante de la GNB, Fabio Zavarce se desempeñaba como jefe del distrito militar occidental. En opinión de San Miguel, su promoción representa, “por un lado, la presencia de uno de los grupos más poderosos dirigido por Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por otro lado, un premio a su lealtad en la criminalización de la protesta en Venezuela”.

Fabio Zavarce es un aliado cercano de Néstor Reverol, una de las figuras que se cree que ejerce más poder velado en la administración Maduro. Al igual que Diosdado Cabello, Reverol ha sido identificado como miembro del “Cartel de los Soles”. Estados Unidos lo acusó por tráfico de drogas en los años 2015 y 2017, y fue mencionado por Hugo Carvajal, el exjefe de inteligencia venezolano, como una piedra angular de las operaciones de narcotráfico de la FANB venezolanas. Este nuevo nombramiento de Zavarce asegura la influencia de Reverol a través de la GNB. Zavarce además podría tener vínculos personales con el narcotráfico. Su nombre apareció en la lista de colaboradores militares que entregó el narcotraficante convicto Walid Makled en 2011.

Además, Zavarce ha demostrado estar dispuesto a participar en la represión estatal. Como jefe del Comando Regional de la GNB en Caracas, dirigió la violenta respuesta de la unidad ante las protestas de la oposición el 12 de febrero de 2014. También han surgido videos en los que abraza al líder del conocido colectivo “La Piedrita”, lo que demuestra su afiliación con estos grupos criminales armados cercanos al gobierno. Zavarce fue sancionado por Estados Unidos en 2018 por represión de manifestaciones, y fue incluido en la lista de Panamá de funcionarios venezolanos castigados por presunta relación con lavado de dinero y terrorismo.

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 17, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Mexico Can’t Solve Its Three Biggest Crises Alone

This article was written by Shannon K. O’Neil and was published by the Council on Foreign Relations on July 10, 2019. It is reproduced here under CC BY-NC 4.0.

A flood of people, a rise in murders, a dearth of energy. Three big crises face Mexico today. How it resolves these challenges will reverberate far beyond its borders. The U.S., which has played a part in creating some of these problems, should be part of their solution.

Migration is the crisis with the highest profile. Hundreds of thousands of Central Americans have passed through Mexico in the last five years, joined by Cubans, Haitians, Indians, Africans from Cameroon and the Democratic Republic of Congo and others in a trek to the southern U.S. border. The previous administration of Enrique Pena Nieto deported 600,000 of these sojourners. Yet still more come. And not all continue, with Mexico absorbing tens of thousands who stop and stay.

The promise of a better life in the U.S., family ties, and asylum rules draw Central Americans and others to the U.S.-Mexico border. But President Andres Manuel Lopez Obrador accelerated the exodus with his initial migration plans. His offer of humanitarian visas triggered a 12,000-person stampede, forcing him to rescind the invitation. He cut the budgets of the two main Mexican migration agencies, leaving bureaucrats who were already overwhelmed even less able to meet the growing influx.

He then appeased President Donald Trump’s hardball demands. To stave off tariffs that Trump threatened to impose unless Lopez Obrador cracked down on transiting migrants, he dispatched 6,000 National Guard and military personnel to set up roadblocks, raid hotels and man the border. He also agreed to keep tens if not hundreds of thousands of migrants in Mexico as the U.S. slowly processes their asylum claims.

Migrants already overwhelm local shelters, churches and parks in Tijuana. Close to 500 migrants are being returned each day to Ciudad Juarez, a city with just 1,500 shelter beds, and in the not too distant past rated the world’s most dangerous. As the U.S. expands its Migrant Protection Protocols, a policy described by the shorthand “Remain in Mexico,” to other border cities, none are prepared to house, clothe, feed, educate or care for those to come.

Mexico’s federal government isn’t stepping in to relieve these local burdens. Instead, Lopez Obrador’s decision to end public funding for nongovernmental organizations leaves migrant shelters, soup kitchens, and human rights defenders even more on their own.

Violence, too, buffets Mexico. Last year was the deadliest on record. Under Lopez Obrador, homicides continue to climb. Crime is spreading from cartel strongholds of Sinaloa, Tamaulipas and Michoacan to the manufacturing heartlands of Guanajuato and Jalisco, and to the capital city.

U.S. drug demand fuels a part of it and U.S. guns make it all the more deadly. But it is Mexico’s weak rule of law that enables crime. And here Lopez Obrador’s steps to bring safety and security have been slow at best, and counterproductive at worst.

Scratching the federal police and defunding community policing, Lopez Obrador is doubling down on a new national guard that will take years to stand up. He is pulling military and security forces away from the fight against crime to go after immigrant women and children. Without effective local and national forces focused on security, Mexico won’t become safer.

Worse, his efforts at justice reform are tearing down incipient efforts to improve the rule of law. He’s on his way to destroying the National Anti-corruption System, a hard-fought civil society effort to take on rampant graft. His party has floated packing the Supreme Court, ending its independence. He himself has said that “justice” (presumably as he defines it) matters more than enforcing the law. This personalizing and politicizing of the third branch of government amount to impunity, and will continue to enable crime.

Meanwhile, Mexico is having a hard time generating electricity.  Blackouts are silencing the air conditioning in Cancun’s hotels, dimming the lights in Campeche’s hospitals, repeatedly pitching whole swaths of Yucatan and Veracruz into darkness.

The government blames the failures on undergrowth fires, old power plants, and even the public comments of the independent Regulatory Energy Commission. The real reason? Mexico lacks gas.

Natural gas powers more than half of Mexico’s energy use and even more of its electricity. Two-thirds of this comes from abroad. And starting in December, the new government slashed imports.

To be sure, Mexico has suffered gas shortages in the past. A decade ago Monterrey’s factories would periodically slow or even close when electricity grew scarce. Mexico solved this with pipelines, new Texas-Mexico connections boosting gas flows nearly five-fold. Liquefied natural gas imports from the U.S. also rose dramatically.

Lopez Obrador has tasked Pemex, Mexico’s state-owned energy company, with ending the current shortages. Yet its gas production is half what it was a decade ago, and on the decline. Given Pemex’s mix of diminished technical capacity, corruption, ideology and downright stubbornness, this trend is unlikely to change soon.

Pemex has seen thousands of skilled employees leave since December due to firings and salary cuts. Rising debt and aggressive new expenditures, including an $8 billion refinery, leave Pemex no room to boost gas investment. And the government is scaring away outside investors by attacking private contracts—most recently, Canadian pipeline providersaccused of finagling “unfair” terms. Lopez Obrador’s stance against fracking makes this all the worse, effectively shutting off half of Mexico’s gas potential.

The U.S. could help Mexico deal with these challenges. In migration, it could start by being a better neighbor and stop asking Mexico to tackle a joint problem alone. The U.S. could fix its asylum process, and surge judges rather than security forces to the border. And it could give Mexico money to support the influx of people, emulating the billions that Europe has provided to Niger and Turkey to house Syrians.

For security, the U.S. and Mexico already have a vehicle for cooperation: the Merida Initiative. Though both presidents are quick to dismiss the security program, the hundreds of millions a year spent over the last decade have bolstered the rule of law in Mexico. Shared intelligence has brought down crime networks. U.S.-funded programs have trained lawyers, judges and police officers in the rules of Mexico’s new justice system. And new police academies have professionalized local forces and introduced community policing tactics to take on everyday local crimes. 

U.S. supplies are the only immediate and cost-effective way out of Mexico’s current electricity quandary. If Lopez Obrador and his administration were open to the idea, Texas is a source of exceptional and cheap bounty.

Helping Mexico to face these challenges isn’t about beneficence. What happens there matters for U.S. companies that count Mexico as one of their largest export markets. It doubly matters for Texas, as Mexico is its largest trading partner and outside energy buyer. It matters for the border, as a downturn to the south is sure to send more Mexicans alongside Central Americans north. And it matters for security, as criminal organizations span the border and endanger people on both sides.

The U.S. needs Mexico not to falter. Even better would be for Lopez Obrador to succeed. A growing, prosperous and inclusive Mexico also promises huge benefits for its northern neighbor. Perhaps the biggest challenge now is to get both leaders to recognize this reality.

This article was written by Shannon K. O’Neiland was published by the Council on Foreign Relations on July 10, 2019. It is reproduced here under CC BY-NC 4.0.

Informe revela control de redes criminales en industria maderera de Perú

Este artículo fue escrito por James Bargent de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 19, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Un nuevo estudio que ofrece un análisis detallado de la industria maderera en Perú pone al descubierto los alarmantes grados de ilegalidad que han contaminado la cadena de suministro maderero del país y la constante evolución de las redes de tráfico.

En el informe, “Autorizado para robar: redes del crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía peruana”, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) analiza 1.024 guías de transporte forestal (GTF). Estos documentos acompañan los cargamentos de madera como señal de legalidad, pero con frecuencia se negocian en el mercado negro para blanquear madera producto de la tala ilegal.

Las GTF, que cubren un periodo de tres meses en 2017, registran el paso de madera desde los departamentos de Loreto, Ucayali, Huanaco y San Martín, en el noreste del país, por un punto de control en la vía a Lima.

La mayoría de los cargamentos de madera que representan los documentos fueron avalados por los Planes de Manejo Forestal, que detallan dónde pueden trabajar los aserradores y qué ejemplares pueden beneficiar. De los que cuentan con planes, el 44 por ciento fueron inspeccionados por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), ente del gobierno encargado de supervisar la industria maderera. El 58 por ciento de los cargamentos inspeccionados aparecieron en la “lista roja” de OSINFOR, que identifica operaciones de tala con alto riesgo de ilegalidad.

El OSINFOR inspecciona las operaciones madereras en concesiones forestales, comunidades indígenas, terrenos particulares y “bosques locales” —un marco que otorga permisos limitados de explotación a las comunidades locales en zonas selváticas. Los datos de las GTF muestran patrones claros sobre cuáles de esos son más atractivos para los traficantes de madera. Las inspecciones de cargamentos procedentes de bosques locales hallaron que el 98 por ciento tenían origen en operaciones de la lista roja de  OSINFOR, mientras que el 94 por ciento de la madera inspeccionada de terrenos privados y el 76 por ciento de comunidades indígenas también venía de operaciones que aparecían en la lista roja. En contraste, solo el 6 por ciento de los cargamentos de concesiones forestales se encontraba en la lista roja.

Del 56 por ciento restante de los cargamentos que OSINFOR no inspeccionó, es imposible decir qué porcentaje puede ser ilegal. El 8 por ciento de ellos provenían de plantaciones forestales sobre las que el OSINFOR no tiene jurisdicción. El 48 por ciento restante o no fueron inspeccionados por OSINFOR o no se declararon para la supervisión del  OSINFOR, o la GTF no incluía el número de resolución del Plan de Manejo Forestal, sin el cual es imposible rastrear si la operación se ha inspeccionado o no.

Análisis de InSight Crime

El tráfico de madera en Perú está en manos de una variedad de actores criminales, desde traficantes individuales hasta grandes redes sofisticadas, y es facilitado por funcionarios públicos abiertamente corruptos. El informe de CIEL identifica y nombra a varios funcionarios forestales, cuya firma aparece de manera consistente en planes falsificación, sin que se hayan visto repercusiones.

Lo que deja en claro el informe es cuánta parte de la industria han captado estos actores criminales.

El análisis del CIEL solo pudo identificar alrededor de un 25 por ciento de los cargamentos de madera examinados, como con alta probabilidad de haberse beneficiado de fuentes ilegales, pero al mismo tiempo solo pudo identificar un 18 por ciento con muchas probabilidades de ser legal. Al resaltar cómo la mayoría de los cargamentos pasan sin inspección, el informe llama la atención sobre la manipulación del papeleo, las zonas grises y vacíos jurídicos que los traficantes de madera aprovechan.

Además de esto, hay también una parte importante del sector que opera completamente por fuera de este marco, con la venta de madera directamente en los mercados locales o contrabandeada en la frontera a países vecinos de Perú.

Teniendo en cuenta estas secciones de la industria, los expertos consultados por InSight Crime creen que los índices reales de ilegalidad en la explotación maderera en Perú podrían llegar al 80 por ciento, lo que representa cientos de millones de dólares para las redes de tráfico de madera.

El análisis de los índices de ilegalidad en los diferentes tipos de zonas de explotación que muestra  el informe también ilustra cómo ha evolucionado el tráfico para eludir la atención de OSINFOR.

Inicialmente, las inspecciones del OSINFOR se concentraron en las concesiones forestales, lo que desencadenó un auge de la ilegalidad en comunidades nativas, con la búsqueda de alternativas por parte de los traficantes. Cuando el OSINFOR comenzó a dirigir su atención a estas comunidades, hubo un incremento en el uso de los bosques locales. Con los traficantes decididos a mantenerse un paso adelante, ya hay evidencia de que su próximo blanco pueden ser las plantaciones forestales, que están fuera de la jurisdicción del OSINFOR.

Sin embargo, para uno de los autores del informe, y exdirector del OSINFOR, Rolando Navarro, el aspecto más perjudicial del informe del CIEL es que hay pocos indicios de que la ley forestal de 2015 en Perú, que introdujo una serie de nuevas regulaciones y sanciones concebidas para frenar el tráfico de madera, haya tenido un impacto visible en la criminalidad en la cadena de suministro.

“Este informe constituye la evidencia de que nada cambió con la nueva ley forestal”, concluyó Navarro en intercambio con InSight Crime. “Los mismos actores siguen operando con impunidad, usando los mismos esquemas y el mismo modus operandi del pasado”.

Este artículo fue escrito por James Bargent de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 19, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Exjefe de inteligencia devela eslabones del crimen organizado en gobierno de Venezuela

Por segunda vez en seis meses, un exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela hace importantes revelaciones sobre los nexos de la administración del presidente Nicolás Maduro con el crimen organizado.

El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera fue el más alto oficial venezolano que desertó durante el fallido levantamiento de la oposición el 30 de abril de 2019. Christopher Figuera posteriormente huyó a Estados Unidos, donde habló con el Washington Post sobre la rampante criminalidad interna que, según dice, lo convenció de apartarse del gobierno de Maduro.

Durante seis meses se desempeñó como jefe del famoso Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), lo que le permitió hacer parte del círculo íntimo de Maduro y tener conocimiento de los secretos de colusión criminal y corrupción que el régimen guardaba con el mayor celo.

Muchas de sus declaraciones repiten lo dicho antes por el general Hugo Carvajal Barrios, otro exjefe del SEBIN, quien se pronunció en febrero sobre los nexos de Maduro con el crimen organizado.

A continuación, InSight Crime analiza algunas declaraciones claves de la entrevista concedida por Christopher Figuera:

1. “Entendí que Maduro es la cabeza de una empresa criminal. Su propia familia está involucrada”.

Una oscura red de narcotráfico, conocida como el “Cartel de los Soles” está profundamente incrustada en el ejército venezolano, e implica a oficiales de los más altos rangos de la administración de Maduro, e incluso a la familia del presidente.

En 2016, los sobrinos de la esposa de Maduro fueron condenados por conspiración para importar ilegalmente 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos, suministrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Christopher Figuera declaró al Washington Post que también obtuvo información de inteligencia que implica al hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, en una empresa que se dedica a la explotación de oro. “Había establecido un monopolio comprando oro de mineros artesanales al sur del país a precios de vaca flaca, para venderlo a precios elevados al Banco Central”. El exjefe de inteligencia alega que recibió advertencias para no seguir la investigación. Cuatro días después de la entrevista de Figuera, Nicolás Maduro Guerra fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en la “ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente.

“El régimen de Maduro se basó en elecciones fraudulentas, y su círculo íntimo vive del lujo de las ganancias de la corrupción, mientras que el pueblo venezolano sufre”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “Maduro confía en su hijo Nicolasito […] El Departamento del Tesoro continuará atacando a los familiares y personas cómplices del régimen ilegal que se benefician de la corrupción de Maduro”, dice la sanción.

2. “El ministro de Industrias está implicado. El ministro de Finanzas está implicado. El presidente del Banco Central está implicado”.

Christopher Figuera hizo una lista de importantes funcionarios venezolanos implicados en esa “empresa criminal” manejada desde el Estado.

En particular, Christopher Figuera mencionó al ministro de Industrias y ex vicepresidente Tareck El Aissami, y denunció su participación en lavado de dinero. El Aissami ya es objeto de una sanción en Estados Unidos por coordinar envíos de droga desde pistas de despegue y puertos venezolanos, destinados a clientes de carteles, como el mexicano Los Zetas. Las declaraciones del narcotraficante Walid Makled en 2010 afirman que El Aissami ha sido el enlace de grupos guerrilleros colombianos y los agentes del grupo militante libanés Hezbollah en Venezuela, señalamiento que fue corroborado por Carvajal.

Otros funcionarios señalados en el testimonio de Figuera son el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto José Ortega Sánchez. Zerpa es actualmente objeto de sanciones estadounidenses como sospechoso de haber participado en el colosal caso de corrupción asociado con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ortega está implicado en denuncias de que el BVC ha ayudado a mantener a Maduro en el poder facilitando las ventas de oro ilegal.

3. “Descubrí que los casos de narcotráfico y guerrilla no debían ser tocados”.

Christopher Figuera habló de su angustia por las detenciones arbitrarias ejecutadas por su departamento e insistió en que las investigaciones por colusión criminal genuina eran obstruidas en las más altas esferas del Gobierno.

Dijo que obtuvo informes de inteligencia “que indicaban que grupos irregulares estaban operando en Venezuela bajo el brazo protector del Gobierno, entre ellos miembros del grupo guerrillero colombiano ELN (Ejército de Liberación Nacional), activo en áreas mineras en el sur del departamento de Bolívar, prometiendo proveer una primera línea de defensa en caso de una invasión a Venezuela”.

También agrego que “Hezbollah tenía operaciones en Maracay, Nueva Esparta y Caracas, aparentemente ligado a negocios ilícitos para financiar operaciones en el Medio Oriente”.

El ELN ha tenido una rápida expansión en Venezuela y participa en un gran número de actividades criminales, como narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando. El ELN hace parte de un panorama más amplio de grupos armados irregulares que sostienen el gobierno de Maduro. Estos incluyen la organización guerrillera venezolana Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y las tropas de choque paramilitares conocidas como “colectivos“.

4. “[Iris Varela] dijo que tenía entrenados a varios prisioneros […] Que ella era su comandante”.

El exjefe de inteligencia también describió una reunión en la que la ministra del Servicio Penitenciario Iris Varela exigía 30.000 rifles para crear un ejército privado de convictos. La medida era en respuesta a la amenaza de una supuesta intervención militar extranjera en Venezuela.

En entrevista con InSight Crime, Varela negó estás afirmaciones: “No sabía que ese señor era un mitómano. Creo que él [Christopher Figuera] está justificando con esas declaraciones los recursos que le dieron para que saltara la talanquera. ¿Sabes cuántas armas he decomisado en las prisiones que he cerrado desde mi llegada a este ministerio? Muchas, miles de armas de todos los calibres. Y todas las he entregado. Entonces, si yo estoy haciendo eso qué necesidad tengo de ir a pedir nada. Si quisiera armas, tendría bastante con esas”.

Varela también rechazó la supuesta creación de un ejército personal de presos. “Hacer eso sería como decir que yo [Varela] estoy formando aquí un Gobierno paralelo y eso no es así. Yo respeto muchísimo la Constitución, lo que él [Christopher Figuera] no hizo”, aseguró. 

Sin embargo, Varela admitió estar dispuesta a recurrir a los presos para defender Venezuela en caso de una incursión militar extranjera. “Lo que yo sí estoy clara es que, independientemente de la situación jurídica que tenga cualquier venezolano, eso no es óbice para que salga a defender la patria a la hora de una agresión extranjera”, dijo la ministra a InSight Crime.   

“Si ellos nos amenazan con 5.000 marines, nosotros tenemos a 45.000 privados de libertad. No 30.000, y ahí corrijo a este idiota [Christopher Figuera]”, agregó Varela.

Aunque la deserción de Christopher Figuera no estimuló la respuesta masiva de militares que la oposición esperaba, sus declaraciones confirman otros señalamientos de alto nivel sobre el rol del crimen organizado en el Estado venezolano.

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 8, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Una comisión estilo CICIG, ¿resolvería la plaga de corrupción en Argentina?

El contrapunteo en el que están sumidos fiscales federales y jueces que llevan casos de corrupción de alto perfil en Argentina ha llevado a proponer que un organismo anticorrupción internacional como la CICIG ayudaría a afrontar este problema enquistado en el país. Pero aún no hay consenso al respecto.

El juez federal argentino Alejo Ramos Padilla investiga al fiscal federal Carlos Stornelli, quien lleva un caso de corrupción de alto perfil que involucra a exfuncionarios de gobierno, entre los que se cuentan la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Stornelli está acusado de pedir una coima a un empresario a cambio de retirar su nombre de una investigación por corrupción conocida como “los cuadernos“. Stornelli rechazó la acusación y la desestimó calificándola como un intento de frenar la investigación contra Fernández de Kirchner.

Padilla también investiga una presunta red de espionaje ilegal en la que estarían implicados políticos, empresarios y periodistas, quienes presuntamente realizaron “operaciones de inteligencia” para obligar a algunas personas a confesar delitos relacionados con corrupción o a implicar a otros. En una presentación ante el Congreso, el juez afirmó que las “confesiones” fueron usadas posteriormente por jueces y fiscales para adelantar causas criminales.

El presidente Mauricio Macri dijo que la investigación de Padilla tiene motivaciones políticas y pidió su destitución. Esto, a su vez, generó quejas de intentos de interferencia política en la rama judicial.

La judicatura en Argentina viene enfrentando crecientes críticas en los últimos años, especialmente en lo que respecta a casos de corrupción.

El jefe de la Corte Suprema del país, Carlos Rosenkrantz, afirmó que la rama judicial padece una “crisis de legitimidad”.

Un informe del Consejo de la Magistratura de la Nación, en Argentina, organismo judicial encargado de la designación y remoción de jueces, halló que el 92 por ciento de los casos de corrupción que implicaban a altos funcionarios en las últimas dos décadas nunca llegó a los tribunales, según información deLa Nación.

Análisis de InSight Crime

El escandalosamente bajo índice de condenas por corrupción de alto nivel en Argentina demuestra que la rama judicial del país tiene un largo camino por delante para llevar a buen término su propuesta.

Algunos proponen que Argentina mire hacia otros países de la región y considere la creación de un órgano de investigación independiente similar a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como opción para ayudar a enfrentar la crisis judicial.

Pese a una larga historia de escándalos de corrupción de alto nivel que involucra a algunos de los miembros más poderosos de la élite, solo un presidente ha sido declarado culpable de este tipo de delitos en la historia reciente de Argentina.

En 2013, el presidente Carlos Menem, quien estuvo en el poder entre 1989 y 1999, fue sentenciado a una pena de prisión por tráfico de armas a Croacia y Ecuador. El expresidente, ahora senador, nunca puso un pie en prisión, porque aún está cobijado con inmunidad parlamentaria.

La expresidenta, y ahora senadora, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta actualmente acusaciones relacionadas con corrupción en 13 causas distintas.

A finales de 2018, el último vicepresidente de Fernández, Armando Boudou, fue sentenciado a cinco años de prisión por acusaciones de corrupción. Fue declarado culpable de tráfico de influencias luego de que se conociera que fue socio silencioso en una firma impresora que recibió contratos del Ministerio de Economía.

Al posesionarse en 2015, el presidente Mauricio Macri tenía una investigación abierta en una causa de escuchas ilegales. Pocos días después de su elección, los tribunales sobreseyeron la causa. En la actualidad hay investigaciones en curso sobre funcionarios de alto nivel de su administración por financiamiento electoral irregular.

Los expertos sostienen que la corrupción dentro de la rama judicial en Argentina impide que el país combata la corrupción dentro de su élite nacional.

“La judicatura en Argentina es un lodazal. La mayoría de quienes están a cargo de las investigaciones por corrupción son cuestionados: jueces, fiscales, órganos de control, expertos”, comentó Pablo Slonimsqui, abogado y autor de un libro sobre corrupción judicial en entrevista con InSight Crime.

Slonimsqui señala que la forma de designación de los jueces says that the way in which judges are selected —son nombrados por el presidente con aprobación del senado— tiene un impacto negativo en su independencia. También apunta que el hecho de que Argentina solo tenga un número muy reducido de jueces federales, quienes asumen la investigación de casos de corrupción y un pequeño número de fiscales federales facilita la corrupción, pues los recursos son extremadamente limitados.

“Los jueces federales detentan un gran poder, porque monopolizan las investigaciones de figuras políticas y deciden a qué investigaciones se da trámite y a cuáles no. El problem es que responden a intereses políticos y económicos”, explicó Slonimsqui.

Pero la administración Macri ha dado algunos pasos positivos dirigidos a contrarrestar la corrupción, una de las mayores plataformas de campaña de la coalición política Cambiemos, de Macri.

Esos pasos incluyen una nueva ley de negociación de penas, que permite a las autoridades ofrecer reducciones de penas o indultos a sospechosos que les entreguen nombres u otra información que ayude a dilucidar casos de corrupción o narcotráfico.

En abril, la oficina anticorrupción de Argentina lanzó un nuevo programa para “prevenir, detectar, sancionar y erradicar” la corrupción en el desempeño de los funcionarios públicos.

Un nuevo Codigo Penal, que se debate actualmente en el Congreso, también hace especial énfasis en la lucha contra la corrupción.

Pero con todo y lo encomiables que puedan ser, estos esfuerzos oficiales se ven empañados por acusaciones de sesgo político entre los encargados de erradicar la corrupción.

Entonces, ¿cuál es la salida para Argentina?

Erradicar la corrupción no solo es importante para proteger las instituciones. También es clave para enfrentar las organizaciones criminales, pues con frecuencia estas dependen de funcionarios corruptos para sus actividades.

Pero con una rama judicial tan cuestionada que al parecer es incapaz de operar de manera independiente y efectiva, algunos ha propuesto que Argentina podría necesitar ayuda de un organismo internacional.

En una columna de opinión publicada por el New York Times, el abogado y experto en justicia Juan Pappier y la periodista Jordana Timerman sostenían que Argentina podía seguir los ejemplos de algunos otros países de Latinoamérica, que han buscado asesoría externa.

“Tener observadores internacionales experimentados e independientes que den su opinión sobre casos claves ofrecería algo de transparencia a los procesos y generaría confianza en la población para pedir a las autoridades una rendición de cuentas adecuada. Una presencia internacional también podría disuadir a los funcionarios de cometer actos de corrupción”, dice la columna.

En Guatemala, la CICIG, organismo independiente avalado por la ONU que actuó como ente fiscal adjunto en apoyo de la Fiscalía General en casos complejos que comprendían casos de corrupción en el gobierno y crimen organizado, ayudaron a develar la corrupción enquistada en el país, que puso fin a la presidencia de Otto Pérez Molina en 2015.

La CICIG también ha ayudado a los fiscales públicos del país a investigar al actual presidente Jimmy Morales por presunto financiamiento electoral ilícito, lo que llevó a Morales a declarar el fin del mandato del organismo en el país.

Otros gobiernos de la región, entre ellos HondurasEcuador y México también ha  experimentado con comisiones internacionales y el recién presidente electo de El Salvador afirmó que está dispuesto a respaldar un ente de esa naturaleza.

Pero no todos coinciden en que esto funcionaría en Argentina.

“Conociendo la manera como piensa la gente en Argentina, creo que sería muy difícil para que nuestra judicatura aceptara algo así. Una colaboración muy específica sería una cosa, pero algo general… dudo que funcionara, sería muy complejo”, reflexionó Slonimsqui.

Mientras se alcanza un consenso sobre si una comisión internacional es la respuesta a los males de corrupción en Argentina, mantener el statu quo conlleva el riesgo de que la situación empeore.

Este artículo fue escrito por Josefina Salomón y originalmente publicado por Insight Crimeen junio 28, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Colombia-Venezuela Border Reopens, But Hidden Trails Still Hotspots

The reopening of a major Colombia-Venezuela border crossing is an important step to stop Venezuelans from trekking across remote trails where they are easily extorted by armed groups. But it’s unlikely to stem conflict or the flow of contraband in the region.

President Nicolás Maduro announced the reopening of bridges linking Venezuela’s Táchira state to Colombia’s Norte de Santander on June 8. The border had been closed since February 23, after violent clashes broke out as Venezuelan military forces blocked the arrival of humanitarian aid from Colombia.

Christian Kruger Sarmiento, director of the Colombia Migration agency, said that 37,000 Venezuelans had made the legal crossing in the first 24 hours and that use of the clandestine trails known as “trochas” had been significantly reduced. Sources told InSight Crime that Colombian police had started to destroy these trails with spades and cover them with stones.

Amid the closure of the border, the trails became hotspots for conflict as armed groups fought for the profits from illegal migration and contraband movements. Data released by the Venezuelan Observatory of Citizen Security shows that the Venezuelan border city Ureña saw its homicide rate more than double during the first half of this year when compared to the same time in 2018. The increase in killings was partly due to gang shoot-outs in the vicinity of the Simón Bolívar and Francisco de Paula Santander international bridges.

Such clashes, however, are merely an intensification of the violence that has claimed an estimated 10,000 lives in the region since 2012.

InSight Crime Analysis

The reopening of the international bridge brings relief to many Venezuelans who make regular trips to buy basic necessities in Colombia, as well as thousands more wishing to flee the country. Availability of legal border crossings spares them the perilous journey through the ‘trochas’ where they are easy prey for criminals.

The “war for the trochas,” however, predates the latest border closure, and conflict is likely to continue as long as the contraband flows remain up for grabs.

Armed groups vying for control include National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional – ELN) guerrillas and dissidents from the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC). The ELN and the ex-FARC mafia both have expanded in the region amid the unfolding violent political crisis in Venezuela.

Venezuela paramilitaries known as “colectivos,” emerging gangs such as “La Linea,” and Colombian drug trafficking groups such as the Rastrojos have also moved in to contest smuggling routes and associated extortion rackets.

Without effective policing on both sides of the border, conflict over contraband flows may intensify between these armed groups, which can no longer readily extort migrants moving along the pathways.

Implementation of such policing is a particular challenge on the Venezuelan side, where  border officials have long profited from the movement of contraband and other illicit border economies.

This article was written by Venezuela Investigative Unitand originally published by Insight Crime on June 26, 2019. It is reproduced here under CC BY-NC 3.0

Pompeo: US Will Attempt to Deliver Aid to Venezuela This Weekend

The confrontation between the two proclaimed presidents of Venezuela, Nicolás Maduro and Juan Guaidó, may come to a head this weekend over the issue of humanitarian aid that sits just across the border from the economically devastated socialist country.

Juan Guaidó and 80 other lawmakers are making their way towards the Colombian border where tons of aid from the United States sits waiting to enter Venezuela. According to Reuters, Guaidó plans to bring the stockpiled humanitarian aid into the country on Saturday.

The Brazilian government also said it would allow Guaidó’s supporters to bring aid into Venezuela by truck.

According to Reuters, Maduro ordered the border with Brazil to be closed tonight and is threating to close the borders with Colombia. He has called the stockpiling of humanitarian aid across the border a “provocation”.

The United States, which started delivering aid to the border city of Cúcuta, Colombia, on February 16, is not backing away from its support for Guaidó. In an interview with Craig Melvin of NBC Today Show, Secretary of State Mike Pompeo was asked about the situation in Venezuela:

QUESTION: Let’s talk about Venezuela. Of course, this weekend the deadline – we’re trying to get aid into this country. President Maduro has said that he is going to close the borders. He believes that it’s a pretext for a U.S. invasion. First of all, what is our national interest in Venezuela? And secondly, what do we expect to happen this weekend?

SECRETARY POMPEO: So this weekend we will attempt to deliver what are now hundreds of tons of humanitarian assistance that the American people, our taxpayers, have generously paid for, now have moved into the region. We hope we can get it across the border. There have been 3 million refugees have to leave the country. The humanitarian crisis is enormous. That’s always an American interest to try and make sure that we feed those that the – in this case the government causes. This is a wholly man-made catastrophe in Venezuela.

We have security interests too. This is in our region. We don’t want this to be a Cuban puppet state in Venezuela. So there are many American interests, and President Trump is determined to protect the American people and to provide humanitarian assistance in this true crisis.

Analysis

Venezuela is in dire economic straits. The country has been in an economic depression since 2014 with the gross domestic product contracting by a staggering 16.5% in 2016, 14% in 2017, and 18% in 2018.

The overall gross domestic product of Venezuela is the same as it was in 2004.

For the Venezuelan people, the recent economic catastrophe wiped out all gains made under the late-President Hugo Chávez.

Aid is desperately needed in Venezuela. Since the economic crisis began, the average Venezuelan weighs 11 kilograms less than they did last year, reports Reuters.

The Maduro regime is caught in a trap. It cannot accept aid from the United States, its mortal enemy since the failed coup in 2002. However, it cannot maintain the facade that things are not as bad as they seem.

The showdown this weekend may prove to be a tipping point in the conflict, especially if Maduro attempts to use the military to stop foreign aid from entering the country.

Ultimately, the regime will only fall when the military as a whole refuses to follow Maduro, which may be the scenario that the foreign and domestic opposition is hoping to provoke.