Ofensiva Contra Minería Ilegal No Acabará Con Fiebre Del Oro En Ecuador

Este artículo fue escrito por James Bargent y Mayra Alejandra Bonilla y originalmente publicado por Insight Crime en julio 16, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Miles de efectivos de la policía y el ejército han sido desplegados en todo el distrito de Buenos Aires, al norte de Ecuador, en un intento por controlar el auge de la minería ilegal, que ha causado estragos en la región, pero podría ser muy tarde para detener la fiebre criminal del oro.

El 2 de julio, se enviaron a Buenos Aires destacamentos de 2.400 soldados y policías, con la misión de expulsar a los mineros de oro, que, según algunos estimativos, llegaban a 10.000.

Más de 2.700 mineros abandonaron voluntariamente el lugar, mientras que 2.500 más fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, informó El Universo. Entre ellos se encontraban 1.395 venezolanos y 906 colombianos, así como varios dominicanos, argentinos y haitianos, dijo el Telégrafo.

En los primeros días del operativo, la policía también hizo 26 capturas y decomisó más de 700 gramos de oro, 1.400 sacos de mena y dos armas de fuego, según reportó El Universo.

Finalmente las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas drásticas, luego de que un encarnizado tiroteo entre pandillas armadas dejara al menos cuatro heridos y dos muertos a finales de junio, según agentes de la policía. Poco después de la confrontación, el presidente Lenín Moreno declaró estado de emergencia y lanzó el operativo.

La tensión ha ido creciendo en la región desde el arribo de delincuentes colombianos fuertemente armados, a comienzos de 2019. Aunque no se ha confirmado la identidad de los colombianos, un minero local, que no quiso identificarse por temor a las represalias, aseguró que tenían nexos con estructuras del crimen organizado de la ciudad colombiana de Cali.

Los agentes de policía, entretanto, mostraron a InSight Crime mensajes de texto de un sospechoso que hablaba de cómo iban a “entrar con los paracos”, apelativo popular usado en Colombia para referirse a los paramilitares y término de uso común para los grupos criminales que tomaron el lugar de los contrainsurgentes desmovilizados en Colombia. La historia de la conversación incluye fotografías de un pequeño arsenal compuesto de armamento de tipo militar.

Fuentes en la zona informaron que los colombianos expulsaron a las pandillas ecuatorianas que anteriormente controlaban las redes extorsivas.

“Los colombianos llegaron con fusiles, entonces [los ecuatorianos] se fueron”, relató el minero.

Según este, los colombianos convocaron a reuniones en las que presentaron las nuevas reglas de trabajo y residencia en la zona, lo que incluía cuotas diarias para cada persona que entrara a la zona minera, pagos para abrir una mina, pagos para llevar una planta de procesamiento y un 10 por ciento de tasa sobre todas las operaciones mineras.

Con la instalación en Buenos Aires de miembros de al menos dos grupos distintos , el minero, relató en mayo de 2019, predijo que habría violencia.

“Serán amigos hasta que tengan la zona bajo control, pero cuando uno empiece a ganar más que el otro, se van a matar entre ellos”, señaló.

El operativo deja a Buenos Aires sumido en la incertidumbre. El estado de emergencia se extenderá por 60 días, y el gobierno aún no anuncia qué planes tiene para mantener el control de la zona en el largo plazo. Y aunque los operativos policiales continúan, hasta ahora no hay señales de que las autoridades hayan arrestado a los cabecillas de las bandas.

La incertidumbre se extiende a zonas vecinas. Líderes comunitarios en la región aledaña de Intag, que han librado una larga lucha contra los planes de implementación de proyectos de minería a gran escala en la región, denuncian que ahora temen también a los mineros ilegales.

Ya se han establecido operaciones de minería ilegal en las poblaciones de Selva Alegre y Cuellaje, en el Intag. Los líderes comunitarios que se opusieron a su llegada recibieron amenazas de muerte, entre ellos un líder de un consejo local, a quien le enviaron un video por WhatsApp, que pretendía mostrar asesinatos cometidos en Buenos Aires a manera de advertencia.

Los líderes alertan que los operativos en Buenos Aires pueden llevar a los mineros desplazados a establecerse en Intag.

“Desde el desalojo de los mineros de Buenos Aires, están llegando nuevamente a Intag, y la situación se está poniendo más peligrosa”, comentó José Cueva, líder de la corporación ambiental colectiva de Intag Toisan,

Análisis de InSight Crime

El despliegue masivo de fuerzas de seguridad en el norte de Ecuador puede augurar el fin de la bonanza minera en Buenos Aires, pero es poco probable que marque el fin de la minería ilegal en la región.

Las increíbles riquezas que se ofrecen pueden llevar a los mineros a regresar cuando se reduzcan los actuales números insostenibles de efectivos de seguridad, aun cuando los mineros deban operar de manera más clandestina que antes.

La probabilidad de que los mineros regresen también se incrementa con la corrupción rampante que facilitó la llegada de la minería ilegal a la región en un inicio. Múltiples fuentes denunciaron a InSight Crime que autoridades locales civiles y de policía en los más altos niveles recibían cuantiosas ganancias por las minas de Buenos Aires.

Como lo muestra la situación en Intag, la minería ilegal también está abocada a propagarse a otros lugares, y no solo a las zonas aledañas. La investigación de campo de InSight Crime reveló un rápido incremento de las operaciones de minería ilegal por toda la región limítrofe del norte de Ecuador, mientras que los funcionarios de gobierno expresaron su preocupación de que haya aún zonas inexploradas que resulten ser tan ricas en oro como Buenos Aires.

Esta nueva bonanza de la minería ilegal en Ecuador coincide con una campaña oficial de promoción de la minería a gran escala. Este panorama permite prever una expansión uniforme de la minería legal e ilegal.

El trabajo exploratorio de las firmas mineras permite que los mineros ilegales identifiquen excavaciones potenciales, y en el caso de Intag, los líderes sospechan que los habitantes que trabajan para la firma minera pasan información a los mineros ilegales.

“En Intag hemos visto que gente conectada con la empresa luego resulta ayudando también a los ilegales”, observó Cueva.

Las comunidades que ya tienen problemas para mantener sus territorios libres de minería de cualquier tipo también temen que la presencia de explotaciones ilegales se use para justificar la expansión de la minería a gran escala, algo que el gobierno puede presentar como una alternativa mucho más preferible.

Esos temores se atizaron con unos comentarios recientes de Carlos Pérez García, ministro de energía y recursos naturales no renovables.

“En el país va a haber minería sí o sí”, declaró a los medios en abril. “Nuestra decisión es que haya minería responsable y no minería ilegal, que es la que efectivamente hace daño al país”.

Pero el gobierno nacional podría descubrir que esa decisión terminará saliéndosele de las manos.

Este artículo fue escrito por James Bargent y Mayra Alejandra Bonilla y originalmente publicado por Insight Crime en julio 16, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

¿Las criptomonedas han ayudado a Venezuela a evadir las sanciones de EE. UU.?

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 31, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del uso continuado de criptomonedas en el país para evadir las sanciones de Estados Unidos.

Desde febrero de 2018, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (el más importante del país), ubicado a 30 kilómetros de Caracas, exige a las aerolíneas que paguen los servicios de operación mediante una aplicación llamada Jetman Pay, según ABC International. Esta aplicación convierte las tarifas aeroportuarias en Bitcoin, lo cual permite hacer transferencias a casas de cambio internacionales en Hong Kong, Rusia, China y Hungría. Allí se convierten en dólares y se depositan en cuentas a nombre del gobierno venezolano.

De esta forma, el régimen venezolano intenta acumular reservas en moneda extranjera desafiando las sanciones estadounidenses.

Adicionalmente, Jetman Pay es propiedad de BCDA Aeronautical Solutions, firma registrada en Florida, la cual cobra dos por ciento de las tasas cobradas de esta forma en el aeropuerto, según los contratos de servicios a los que accedió ABC, lo que significa que una firma estadounidense estaría ayudando a Venezuela a evadir las sanciones.

Este no es el único caso en el que Venezuela recurre a las criptomonedas, divisas digitales reguladas mediante técnicas de encriptado, independientemente de un banco central. A comienzos de 2018, el presidente Nicolás Maduro lanzó una moneda digital respaldada con petróleo, que denominó petro. En esa época, el diputado venezolano Andrés Eloy Méndez exaltó la divisa como un instrumento clave para evadir el “bloqueo comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos.

El Tesoro de Estados Unidos respondió prohibiendo a ciudadanos estadounidenses que compraran el petro, y describió la divisa como “otro intento de apoyar el régimen de Maduro, mientras se siguen saqueando los recursos del pueblo venezolano”.

Análisis de InSight Crime

Aunque la administración de Maduro sigue considerando las criptomonedas como un mecanismo útil para burlar las sanciones estadounidenses, el uso continuado de Bitcoin en el cobro de tasas aeroportuarias en Venezuela indica que las criptomonedas internacionales, como bitcoin, están resultando más útiles que el petro.

“Cada moneda depende de la confianza […] Venezuela y sus representantes de gobierno no son dignos de confianza, de modo que cualquier cosa que creen puede ser manipulada más adelante”, declaró a BBC Mundo Rodrigo Andragnes, director ejecutivo de la organización no gubernamental Bitcoin Argentina.

Señala que el petro ya ha sido manipulado. En sus inicios su único respaldo era el petróleo, pero ahora está ligado de manera más vaga a todos los recursos del subsuelo venezolano.

Otro resultado del experimento del petro es que puede haber permitido que Venezuela desarrollara el conocimiento y las instituciones necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrecen otras criptomonedas. Aunque usa bitcoins, la estructura de las tasas aeroportuarias está coordinada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), organismo creado para administrar la distribución del Petro.

En público, Maduro sigue proclamando su confianza en el Petro. En julio de 2019, ordenó al Banco Central de Venezuela que aceptara transacciones en la criptomoneda, y anunció planes para distribuir un millón de “Petro carteras” entre los venezolanos.

Pero estos usos domésticos no tienen nada que ver con la misión original del petro como divisa internacional libre de los controles estadounidenses. El petro no se negocia en casas de cambio internacionales de criptomonedas, una señal clara de su falta de tracción global. Por ahora parece sobrevivir solo porque los venezolanos están obligados a pagar sus impuestos sobre la tasa del petro.

Incluso Rusia, el aliado más importante de Venezuela, parece haber perdido la fe en la moneda. Luego de intentos iniciales de usar el petro para el comercio entre ambos países, ahora están volviendo al rublo. En marzo de 2019, el Tesoro de Estados Unidos sancionó al banco ruso Evrofinance Mosnarbank por haber ayudado a financiar el petro, la única vez que se ha asociado una firma extranjera a la nueva criptomoneda.

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 31, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Los nexos criminales de los nuevos jefes militares de Maduro en Venezuela

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 17, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

El presidente Nicolás Maduro ha anunciado cambios en la cúpula militar de Venezuela, mediante una serie de nombramientos que parecen recompensar la lealtad al régimen y promueven figuras que han sido señaladas de complicidad criminal y participación en la represión estatal.

Los anuncios se hicieron el 7 de julio en una ceremonia militar en Caracas. Maduro reeligió a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, lo que demuestra que sigue considerando que Padrino López es vital para mantener sus relaciones con los militares, a pesar de los rumores de los vínculos de este último con la fallida sublevación de la oposición del pasado 30 de abril de 2019.

A continuación, InSight Crime analiza los antecedentes y posibles vínculos criminales de los nuevos jefes militares de Venezuela:

Alexis Rodríguez Cabello, comandante del Ejército

Rodríguez Cabello ha sido un viejo aliado de la Revolución Bolivariana, y participó en el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992. Continuó siendo una figura clave en los altos mandos del Ejército durante la administración de Nicolás Maduro, ejerciendo como director de la principal dependencia militar de la capital entre 2017 y 2019.

Según Rocío San Miguel, experta en asuntos castrenses venezolanos y directora de la ONG Control Ciudadano, el nombramiento de Rodríguez Cabello como comandante del Ejército es “una clara concesión al poder ejercido por Diosdado Cabello Rondón”, presidente de la polémica Asamblea Nacional Constituyente, organismo creado en 2017, y jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ambos se graduaron al mismo tiempo de la escuela militar y se cree que son primos.

Diosdado Cabello es una figura central en el gobierno venezolano, considerado como el segundo al mando de Maduro. Se encuentra sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actividades como tráfico de drogas, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Las investigaciones en torno a su actividad criminal indican que utiliza su influencia en los nombramientos militares para salvaguardar las operaciones de sus redes de poder y actividades criminales, que operan al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

Rodríguez Cabello sucede a Jesús Suárez Chourio, cuya salida se puede deber a los rumores de su participación en el fallido levantamiento de la oposición el 30 de abril. Como jefe militar del Distrito Capital en ese momento, Rodríguez Cabello fue uno de los primeros comandantes militares en condenar el levantamiento y afirmar su lealtad inquebrantable a Maduro.

Manuel Bernal Martínez, comandante de la milicia

Bernal Martínez es otro “chavista original” que participó en el intento de golpe de Estado de 1992, lo que confirma que el gobierno de Maduro está premiando las viejas lealtades. En 2014, Bernal fue director del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela.

Como director del SEBIN, Bernal Martínez estuvo detrás de la sangrienta respuesta a la marcha liderada por el abanderado de la oposición, Leopoldo López, el 12 de febrero de 2014. Las fuerzas especiales del SEBIN, junto con miembros de las tropas de choque paramilitares conocidas como “colectivos”, abrieron fuego contra los manifestantes, lo que dejó como resultado dos personas muertas.

Más tarde, el jefe del contingente del SEBIN y otros funcionarios del servicio testificaron que estaban allí siguiendo órdenes de Bernal Martínez, aunque este ha negado que hubiera dado la autorización. Como consecuencia de dichos asesinatos, Bernal Martínez recibió sanciones de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. Fue destituido de su cargo en el SEBIN, pero continuó siendo nombrado en altos cargos militares.

En 2018 fue nombrado comandante de la principal dependencia militar de la región de los Andes. Ese mismo año fue incluido en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno de Panamá por representar “un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Fabio Zavarce, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana

Antes de su nombramiento como comandante de la GNB, Fabio Zavarce se desempeñaba como jefe del distrito militar occidental. En opinión de San Miguel, su promoción representa, “por un lado, la presencia de uno de los grupos más poderosos dirigido por Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por otro lado, un premio a su lealtad en la criminalización de la protesta en Venezuela”.

Fabio Zavarce es un aliado cercano de Néstor Reverol, una de las figuras que se cree que ejerce más poder velado en la administración Maduro. Al igual que Diosdado Cabello, Reverol ha sido identificado como miembro del “Cartel de los Soles”. Estados Unidos lo acusó por tráfico de drogas en los años 2015 y 2017, y fue mencionado por Hugo Carvajal, el exjefe de inteligencia venezolano, como una piedra angular de las operaciones de narcotráfico de la FANB venezolanas. Este nuevo nombramiento de Zavarce asegura la influencia de Reverol a través de la GNB. Zavarce además podría tener vínculos personales con el narcotráfico. Su nombre apareció en la lista de colaboradores militares que entregó el narcotraficante convicto Walid Makled en 2011.

Además, Zavarce ha demostrado estar dispuesto a participar en la represión estatal. Como jefe del Comando Regional de la GNB en Caracas, dirigió la violenta respuesta de la unidad ante las protestas de la oposición el 12 de febrero de 2014. También han surgido videos en los que abraza al líder del conocido colectivo “La Piedrita”, lo que demuestra su afiliación con estos grupos criminales armados cercanos al gobierno. Zavarce fue sancionado por Estados Unidos en 2018 por represión de manifestaciones, y fue incluido en la lista de Panamá de funcionarios venezolanos castigados por presunta relación con lavado de dinero y terrorismo.

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 17, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Informe revela control de redes criminales en industria maderera de Perú

Este artículo fue escrito por James Bargent de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 19, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Un nuevo estudio que ofrece un análisis detallado de la industria maderera en Perú pone al descubierto los alarmantes grados de ilegalidad que han contaminado la cadena de suministro maderero del país y la constante evolución de las redes de tráfico.

En el informe, “Autorizado para robar: redes del crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía peruana”, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) analiza 1.024 guías de transporte forestal (GTF). Estos documentos acompañan los cargamentos de madera como señal de legalidad, pero con frecuencia se negocian en el mercado negro para blanquear madera producto de la tala ilegal.

Las GTF, que cubren un periodo de tres meses en 2017, registran el paso de madera desde los departamentos de Loreto, Ucayali, Huanaco y San Martín, en el noreste del país, por un punto de control en la vía a Lima.

La mayoría de los cargamentos de madera que representan los documentos fueron avalados por los Planes de Manejo Forestal, que detallan dónde pueden trabajar los aserradores y qué ejemplares pueden beneficiar. De los que cuentan con planes, el 44 por ciento fueron inspeccionados por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), ente del gobierno encargado de supervisar la industria maderera. El 58 por ciento de los cargamentos inspeccionados aparecieron en la “lista roja” de OSINFOR, que identifica operaciones de tala con alto riesgo de ilegalidad.

El OSINFOR inspecciona las operaciones madereras en concesiones forestales, comunidades indígenas, terrenos particulares y “bosques locales” —un marco que otorga permisos limitados de explotación a las comunidades locales en zonas selváticas. Los datos de las GTF muestran patrones claros sobre cuáles de esos son más atractivos para los traficantes de madera. Las inspecciones de cargamentos procedentes de bosques locales hallaron que el 98 por ciento tenían origen en operaciones de la lista roja de  OSINFOR, mientras que el 94 por ciento de la madera inspeccionada de terrenos privados y el 76 por ciento de comunidades indígenas también venía de operaciones que aparecían en la lista roja. En contraste, solo el 6 por ciento de los cargamentos de concesiones forestales se encontraba en la lista roja.

Del 56 por ciento restante de los cargamentos que OSINFOR no inspeccionó, es imposible decir qué porcentaje puede ser ilegal. El 8 por ciento de ellos provenían de plantaciones forestales sobre las que el OSINFOR no tiene jurisdicción. El 48 por ciento restante o no fueron inspeccionados por OSINFOR o no se declararon para la supervisión del  OSINFOR, o la GTF no incluía el número de resolución del Plan de Manejo Forestal, sin el cual es imposible rastrear si la operación se ha inspeccionado o no.

Análisis de InSight Crime

El tráfico de madera en Perú está en manos de una variedad de actores criminales, desde traficantes individuales hasta grandes redes sofisticadas, y es facilitado por funcionarios públicos abiertamente corruptos. El informe de CIEL identifica y nombra a varios funcionarios forestales, cuya firma aparece de manera consistente en planes falsificación, sin que se hayan visto repercusiones.

Lo que deja en claro el informe es cuánta parte de la industria han captado estos actores criminales.

El análisis del CIEL solo pudo identificar alrededor de un 25 por ciento de los cargamentos de madera examinados, como con alta probabilidad de haberse beneficiado de fuentes ilegales, pero al mismo tiempo solo pudo identificar un 18 por ciento con muchas probabilidades de ser legal. Al resaltar cómo la mayoría de los cargamentos pasan sin inspección, el informe llama la atención sobre la manipulación del papeleo, las zonas grises y vacíos jurídicos que los traficantes de madera aprovechan.

Además de esto, hay también una parte importante del sector que opera completamente por fuera de este marco, con la venta de madera directamente en los mercados locales o contrabandeada en la frontera a países vecinos de Perú.

Teniendo en cuenta estas secciones de la industria, los expertos consultados por InSight Crime creen que los índices reales de ilegalidad en la explotación maderera en Perú podrían llegar al 80 por ciento, lo que representa cientos de millones de dólares para las redes de tráfico de madera.

El análisis de los índices de ilegalidad en los diferentes tipos de zonas de explotación que muestra  el informe también ilustra cómo ha evolucionado el tráfico para eludir la atención de OSINFOR.

Inicialmente, las inspecciones del OSINFOR se concentraron en las concesiones forestales, lo que desencadenó un auge de la ilegalidad en comunidades nativas, con la búsqueda de alternativas por parte de los traficantes. Cuando el OSINFOR comenzó a dirigir su atención a estas comunidades, hubo un incremento en el uso de los bosques locales. Con los traficantes decididos a mantenerse un paso adelante, ya hay evidencia de que su próximo blanco pueden ser las plantaciones forestales, que están fuera de la jurisdicción del OSINFOR.

Sin embargo, para uno de los autores del informe, y exdirector del OSINFOR, Rolando Navarro, el aspecto más perjudicial del informe del CIEL es que hay pocos indicios de que la ley forestal de 2015 en Perú, que introdujo una serie de nuevas regulaciones y sanciones concebidas para frenar el tráfico de madera, haya tenido un impacto visible en la criminalidad en la cadena de suministro.

“Este informe constituye la evidencia de que nada cambió con la nueva ley forestal”, concluyó Navarro en intercambio con InSight Crime. “Los mismos actores siguen operando con impunidad, usando los mismos esquemas y el mismo modus operandi del pasado”.

Este artículo fue escrito por James Bargent de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 19, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.

Exjefe de inteligencia devela eslabones del crimen organizado en gobierno de Venezuela

Por segunda vez en seis meses, un exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela hace importantes revelaciones sobre los nexos de la administración del presidente Nicolás Maduro con el crimen organizado.

El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera fue el más alto oficial venezolano que desertó durante el fallido levantamiento de la oposición el 30 de abril de 2019. Christopher Figuera posteriormente huyó a Estados Unidos, donde habló con el Washington Post sobre la rampante criminalidad interna que, según dice, lo convenció de apartarse del gobierno de Maduro.

Durante seis meses se desempeñó como jefe del famoso Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), lo que le permitió hacer parte del círculo íntimo de Maduro y tener conocimiento de los secretos de colusión criminal y corrupción que el régimen guardaba con el mayor celo.

Muchas de sus declaraciones repiten lo dicho antes por el general Hugo Carvajal Barrios, otro exjefe del SEBIN, quien se pronunció en febrero sobre los nexos de Maduro con el crimen organizado.

A continuación, InSight Crime analiza algunas declaraciones claves de la entrevista concedida por Christopher Figuera:

1. “Entendí que Maduro es la cabeza de una empresa criminal. Su propia familia está involucrada”.

Una oscura red de narcotráfico, conocida como el “Cartel de los Soles” está profundamente incrustada en el ejército venezolano, e implica a oficiales de los más altos rangos de la administración de Maduro, e incluso a la familia del presidente.

En 2016, los sobrinos de la esposa de Maduro fueron condenados por conspiración para importar ilegalmente 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos, suministrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Christopher Figuera declaró al Washington Post que también obtuvo información de inteligencia que implica al hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, en una empresa que se dedica a la explotación de oro. “Había establecido un monopolio comprando oro de mineros artesanales al sur del país a precios de vaca flaca, para venderlo a precios elevados al Banco Central”. El exjefe de inteligencia alega que recibió advertencias para no seguir la investigación. Cuatro días después de la entrevista de Figuera, Nicolás Maduro Guerra fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en la “ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente.

“El régimen de Maduro se basó en elecciones fraudulentas, y su círculo íntimo vive del lujo de las ganancias de la corrupción, mientras que el pueblo venezolano sufre”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “Maduro confía en su hijo Nicolasito […] El Departamento del Tesoro continuará atacando a los familiares y personas cómplices del régimen ilegal que se benefician de la corrupción de Maduro”, dice la sanción.

2. “El ministro de Industrias está implicado. El ministro de Finanzas está implicado. El presidente del Banco Central está implicado”.

Christopher Figuera hizo una lista de importantes funcionarios venezolanos implicados en esa “empresa criminal” manejada desde el Estado.

En particular, Christopher Figuera mencionó al ministro de Industrias y ex vicepresidente Tareck El Aissami, y denunció su participación en lavado de dinero. El Aissami ya es objeto de una sanción en Estados Unidos por coordinar envíos de droga desde pistas de despegue y puertos venezolanos, destinados a clientes de carteles, como el mexicano Los Zetas. Las declaraciones del narcotraficante Walid Makled en 2010 afirman que El Aissami ha sido el enlace de grupos guerrilleros colombianos y los agentes del grupo militante libanés Hezbollah en Venezuela, señalamiento que fue corroborado por Carvajal.

Otros funcionarios señalados en el testimonio de Figuera son el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto José Ortega Sánchez. Zerpa es actualmente objeto de sanciones estadounidenses como sospechoso de haber participado en el colosal caso de corrupción asociado con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ortega está implicado en denuncias de que el BVC ha ayudado a mantener a Maduro en el poder facilitando las ventas de oro ilegal.

3. “Descubrí que los casos de narcotráfico y guerrilla no debían ser tocados”.

Christopher Figuera habló de su angustia por las detenciones arbitrarias ejecutadas por su departamento e insistió en que las investigaciones por colusión criminal genuina eran obstruidas en las más altas esferas del Gobierno.

Dijo que obtuvo informes de inteligencia “que indicaban que grupos irregulares estaban operando en Venezuela bajo el brazo protector del Gobierno, entre ellos miembros del grupo guerrillero colombiano ELN (Ejército de Liberación Nacional), activo en áreas mineras en el sur del departamento de Bolívar, prometiendo proveer una primera línea de defensa en caso de una invasión a Venezuela”.

También agrego que “Hezbollah tenía operaciones en Maracay, Nueva Esparta y Caracas, aparentemente ligado a negocios ilícitos para financiar operaciones en el Medio Oriente”.

El ELN ha tenido una rápida expansión en Venezuela y participa en un gran número de actividades criminales, como narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando. El ELN hace parte de un panorama más amplio de grupos armados irregulares que sostienen el gobierno de Maduro. Estos incluyen la organización guerrillera venezolana Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y las tropas de choque paramilitares conocidas como “colectivos“.

4. “[Iris Varela] dijo que tenía entrenados a varios prisioneros […] Que ella era su comandante”.

El exjefe de inteligencia también describió una reunión en la que la ministra del Servicio Penitenciario Iris Varela exigía 30.000 rifles para crear un ejército privado de convictos. La medida era en respuesta a la amenaza de una supuesta intervención militar extranjera en Venezuela.

En entrevista con InSight Crime, Varela negó estás afirmaciones: “No sabía que ese señor era un mitómano. Creo que él [Christopher Figuera] está justificando con esas declaraciones los recursos que le dieron para que saltara la talanquera. ¿Sabes cuántas armas he decomisado en las prisiones que he cerrado desde mi llegada a este ministerio? Muchas, miles de armas de todos los calibres. Y todas las he entregado. Entonces, si yo estoy haciendo eso qué necesidad tengo de ir a pedir nada. Si quisiera armas, tendría bastante con esas”.

Varela también rechazó la supuesta creación de un ejército personal de presos. “Hacer eso sería como decir que yo [Varela] estoy formando aquí un Gobierno paralelo y eso no es así. Yo respeto muchísimo la Constitución, lo que él [Christopher Figuera] no hizo”, aseguró. 

Sin embargo, Varela admitió estar dispuesta a recurrir a los presos para defender Venezuela en caso de una incursión militar extranjera. “Lo que yo sí estoy clara es que, independientemente de la situación jurídica que tenga cualquier venezolano, eso no es óbice para que salga a defender la patria a la hora de una agresión extranjera”, dijo la ministra a InSight Crime.   

“Si ellos nos amenazan con 5.000 marines, nosotros tenemos a 45.000 privados de libertad. No 30.000, y ahí corrijo a este idiota [Christopher Figuera]”, agregó Varela.

Aunque la deserción de Christopher Figuera no estimuló la respuesta masiva de militares que la oposición esperaba, sus declaraciones confirman otros señalamientos de alto nivel sobre el rol del crimen organizado en el Estado venezolano.

Este artículo fue escrito por Unidad de Investigación de Venezuela y originalmente publicado por Insight Crime en julio 8, 2019. Se reproduce aquí bajo CC BY-NC 3.0.