El presidente Jimmy Morales se enfrenta a un empuje en el país y en el extranjero después de su reciente intento de expulsar del país a Iván Velásquez, jefe de una comisión anti-corrupción de la Organización de las Naciones Unidas.

Velásquez fue nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2013 para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sus esfuerzos y los de la Comisión fueron críticos en la investigación que llevó a la dimisión y arresto del Presidente Otto Pérez y de la Vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015.

La Comisión comenzó en 2007 después de una solicitud del gobierno guatemalteco. Sus tres objetivos principales son investigar grupos ilegales que cometen delitos que afectan los derechos humanos fundamentales de los guatemaltecos, colaborar con el gobierno para desmantelar estos grupos y formular recomendaciones de políticas públicas. Su mandato original de dos años se ha ampliado cuatro veces. El actual mandato de la Comisión expira en septiembre de 2019.

Internacional

En una declaración oficial, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, estaba “profundamente perturbado” por el intento del Presidente Morales de expulsar a Velásquez de Guatemala.

“Velásquez y la Comisión, conocidos por la CICIG, junto con la Fiscal General, Thelma Aldana, y su oficina, desempeñan un papel críticamente importante en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala”, dijo Hussein en el comunicado.

En Estados Unidos, el congresista Ed Royce, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, emitió una declaración en reacción a la acción del presidente Morales:

Uno de los principios fundamentales de un sistema constitucional es que nadie está por encima de la ley. Exhorto al Presidente Morales a cambiar de rumbo, respetar a la Corte Constitucional y permitir que Ivan Velasquez continúe con su importante labor de apoyo a las autoridades guatemaltecas que luchan contra altos niveles de corrupción.

El Congreso de los Estados Unidos ha hablado con una sola voz en apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Seguiremos estando de pie con el pueblo guatemalteco, y especialmente con los que están en la pobreza, quienes son más heridos por la corrupción.

En mayo, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que reconoció la importancia de la Comisión e instó al gobierno de Guatemala a trabajar con la Comisión para combatir la corrupción.

Nacional

La oposición local a la orden del Presidente Morales, obligando a Iván Velásquez a abandonar Guatemala, vino del Corte Constitucional. El Corte Constitucional, que es la autoridad final en cuestiones de constitucionalidad en Guatemala, intervino y anuló la orden del Presidente poco después de que se hiciera.

El Fiscal General Thelma Aldana ha sido muy crítico con la acción del Presidente. Tanto Aldana como Velásquez han expresado su preocupación por posibles violaciones a las finanzas de campaña durante las elecciones presidenciales de 2015. Aldana pidió a un corte el 25 de agosto que retirara la inmunidad del presidente Morales a la fiscalía para que una investigación pudiera avanzar.

El fiscal general y el presidente han estado en desacuerdo desde que el hijo del presidente, José Manuel Morales, y su hermano, Samuel Morales, fueron arrestados por cargos de fraude a principios de 2017.

Un Futuro Incierto

La crisis política actual en Guatemala es una reminiscencia de la crisis que impulsó a Jimmy Morales a la presidencia hace menos de dos años.

En abril de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Procuraduría General de la República arrestaron o emitieron órdenes de arresto contra 22 personas por cargos de corrupción. El caso, conocido como “La Línea“, giraba alrededor de un anillo de contrabando diseñado para evitar los impuestos de importación. La red de investigación incluyó a la Vicepresidenta Roxana Baldetti y al Presidente Otto Pérez, referidos como “la dos” y “el uno”, respectivamente.

En septiembre de 2015, después de ser despojado de su inmunidad de procesamiento, el presidente Pérez renunció a su cargo. El vicepresidente Baldetti ya había dimitido en mayo de 2015 y Alejandro Maldonado Aguirre, ex ministro de Educación, ministro de Relaciones Exteriores y juez constitucional, fue seleccionado para reemplazarla. Maldonado fue presidente interino durante cinco meses hasta que Jimmy Morales asumió el cargo en enero de 2016 tras una victoria electoral en octubre.

Los guatemaltecos se enfrentan a la posibilidad muy real y muy familiar de que su Presidente no cumplirá todo su mandato debido a una investigación de corrupción. Si eso ocurriera, el Vicepresidente, Jafeth Cabrera, tendrá casi dos años de mandato antes de las elecciones presidenciales de 2019. Durante ese tiempo, Cabrera tendrá la poco envidiable tarea de guiar a una nación a través de la difícil pero necesaria tarea de erradicar la corrupción en Guatemala.

Apoye a El Hemisferio donando aquí