La semana pasada, el senador colombiano Iván Duque entregó un documento a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya acusando al presidente venezolano Nicolás Maduro de crímenes contra la humanidad. El documento fue firmado por 76 senadores de Colombia y 70 de Chile. Según El Universal, la CPI reconoció que recibió el documento del Senador Durque.

La CPI fue creada por el Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. La CPI tiene jurisdicción para procesar a personas, incluidos los jefes de Estado, por crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Sin embargo, los crímenes deben haber ocurrido después de que el país ratificó el Estatuto de Roma. Según la CPI, Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000.

El documento firmado por los senadores de Colombia y Chile acusa al presidente Maduro de cometer crímenes contra la humanidad. Según un comunicado de prensa de Duque, las acusaciones específicas incluyen

las conductas de asesinato, deportación o traslados forzosos, encarcelamientos y privaciones injustas de la libertad, tortura, persecución de un grupo o colectividad específica, y desaparición forzada de personas.

Esta no es la primera vez que el régimen en Venezuela ha sido acusado de crímenes ante la CPI. En 2015, el Procurador General de Colombia presentó un informe que acusaba al presidente Nicolás Maduro de crímenes contra la humanidad relacionados con la deportación forzada de colombianos en Venezuela cerca de la frontera.

Durante el mandato del presidente Hugo Chávez, la CPI recibió varios informes sobre los crímenes cometidos por el gobierno venezolano. Según una carta de la Procurador, no se abrió una investigación por varias razones, entre ellas

Un número considerable de denuncias se referían a hechos supuestamente cometidos antes del 1º de julio de 2002, en particular en relación con incidentes ocurridos en el contexto del golpe de corta duración de abril de 2002. Estos hechos se produjeron antes de la jurisdicción temporal de la Corte y no puede ser considerado como la base para cualquier investigación de conformidad con el Estatuto. *

Durante la última ola de protestas, el régimen de Maduro ha cometido inequívocamente crímenes que caen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Las muertes a manos de las fuerzas gubernamentales y los colectivos progubernamentales y el encarcelamiento de los opositores políticos de Maduro son rutinarios. Además, es dudoso que estos y otros crímenes no tengan la aprobación del Presidente y altos funcionarios.

Si bien la Oficina de la Fiscalía en la CPI puede determinar que su oficina no tiene pruebas suficientes para abrir una investigación, es evidente que el Presidente Maduro y su gobierno son responsables de numerosos crímenes contra la humanidad. Aún más claro para los defensores del estado de derecho es que Nicolás Maduro debe ser considerado responsable de los crímenes que él y su gobierno están cometiendo.

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* Traducción del autor